Tras aplicar el recorte del 50% a su salario, el presidente Rodrigo Paz manifestó desde Sucre que sus haberes mensuales netos quedarán fijados en 11.000 bolivianos. Y lanzó un duro dardo a las dirigencias de la Central Obrera Boliviana (COB), manifestando que le gustaría «estar en comisión sindical» debido a que varios de los representantes que hoy lideran las protestas perciben salarios que rozan los 40.000 bolivianos.
De asa forma, Paz ratificó que la poda salarial es una señal ética de empatía hacia el esfuerzo ciudadano, en una jornada donde también descartó versiones de privatización o incrementos tarifarios.
«Voy a ganar 11.000 bolivianos, yo ganaba 22.000. Quisiera yo estar en comisión, algunos que están en comisión ganan 40.000 de los sindicatos”, disparó el Jefe de Estado ante los medios de comunicación en la capital civil, poniendo nuevamente sobre el tapete de la opinión pública el polémico costo del fuero sindical.
La controversia respecto al financiamiento de la cúpula obrera ya había sido ventilada por el exministro de Trabajo, Édgar Morales, quien reveló que el ejecutivo de la COB, Mario Argollo (actualmente en la clandestinidad), percibe una remuneración estimada de 27.000 bolivianos del erario público, al tiempo que denunció que la planilla anual que el Estado boliviano eroga para sostener a los dirigentes con declaratoria de comisión supera los 47 millones de bolivianos.
En tanto, Paz señaló que el decreto de austeridad institucional afectará exclusivamente a su persona y a los ministros de Estado, blindando las escalas salariales de viceministros, directores generales y personal altamente cualificado del sector público, argumentando que una reducción masiva provocaría una peligrosa fuga de cerebros y talentos hacia la empresa privada.
Si bien reconoció que su cargo goza de ventajas logísticas cubiertas por el Estado como el transporte oficial, Paz enfatizó que el recorte busca predicar con el ejemplo. Finalmente, el gobernante desmintió de los rumores de privatización de empresas estratégicas, la salud o la educación pública, descartando de igual manera cualquier «tarifazo» en los servicios básicos.
