El ‘Movimiento Cívico Nacional‘ emitió este lunes un pronunciamiento en el que declara a Bolivia en «hora límite» y bajo un escenario de «asedio» sistemático. Las representaciones cívicas de los nueve departamentos denunciaron de forma unificada que la paz social y el orden constitucional se encuentran secuestrados por facciones radicales que utilizan la protesta como fachada para ejecutar una estrategia de asfixia económica.
Ante ello, la institucionalidad cívica determinó declararse en movilización permanente, exigir de forma inmediata la aplicación de un Estado de Excepción sectorizado y emplazar de manera formal al presidente Rodrigo Paz Pereira a una reunión presencial en Santa Cruz de la Sierra este jueves 28 de mayo.
El manifiesto emitido por las organizaciones regionales fustiga las tres semanas de bloqueo de carreteras que paralizan el transporte y el suministro productivo, acusando a los sectores movilizados en el occidente de cometer delitos de lesa humanidad al privar de alimentos y medicamentos a la población civil.
«Nuestras estructuras cívicas, juveniles, femeninas y de provincias intensificarán las marchas y actividades pacíficas en defensa de la democracia», indica la resolución, que busca estructurar un contrapeso civil orgánico frente a los cercos campesinos y de la Central Obrera Boliviana (COB).
La convocatoria lanzada para este jueves al Jefe de Estado busca arrancar compromisos vinculantes y soluciones logísticas fácticas directamente en la capital oriental, rechazando cualquier justificación burocrática por parte del gabinete ministerial.
Paralelamente, la dirigencia cívica nacional determinó internacionalizar el conflicto ante el riesgo inminente de un desborde violento o un golpe civil-sindical en la sede de Gobierno. Para ello, se oficializó la activación de la Alerta Democrática Internacional, remitiendo expedientes de denuncia formal ante las secretarías generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las legaciones diplomáticas de la Unión Europea (UE).
Con esta medida jurídica exterior, el bloque cívico pretende activar las cartas democráticas regionales y visibilizar ante la comunidad internacional lo que consideran un intento fáctico de ruptura del hilo constitucional y derrocamiento de un mandatario legítimamente electo.
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