Este martes, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, exigió la inmediata liberación de las carreteras interdepartamentales y la aplicación rigurosa de las garantías constitucionales. Además, denunció que los choferes se encuentran en condición de «rehenes y secuestrados» tras más de 40 días de bloqueo ninterrumpido, reportando pérdidas económicas catastróficas y el deceso de transportistas varados por falta de atención médica.
«Conocen perfectamente el sufrimiento de los transportistas secuestrados, tomados de rehenes en todas las carreteras del país. Hasta la fecha tenemos varias bajas, compañeros enfermos que no tienen alimentación. Hasta el día de hoy no hubo ninguna solución real para garantizar la libre transitabilidad en la red vial fundamental», manifestó Gómez con evidente indignación.
De esa forma, el dirigente de transporte visibilizó el desamparo de cientos de choferes de carga pesada, nacional e internacional, y del transporte de pasajeros que pernoctan a la intemperie en los puntos de bloqueo. Asimismo, ante el fracaso de las apelaciones a la «sensibilidad humana» de los bloqueadores, el dirigente emplazó de forma directa al primer mandatario: «Señor presidente, haga cumplir la ley, ahí tiene las armas correspondientes».
La preocupación del sector trasciende el ámbito logístico y se adentra en un posible colapso financiero. Las empresas operadoras arrastran pesadas obligaciones contractuales con el sistema bancario, además de compromisos fijos como el pago de planillas salariales, alquileres de casetas en las terminales terrestres y otras obligaciones que se encuentran completamente congeladas debido a la parálisis operativa.
Para abordar esta problemática, Gómez confirmó que este martes sostendrá una reunión de alta emergencia con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en la que participará el transporte urbano, interdepartamental y pesado. El ejecutivo adelantó que la actual propuesta gubernamental de reprogramación de créditos es «insuficiente» por cuanto solo posterga el problema de fondo.
«No queremos que simplemente nos empujen a negociar con la banca; necesitamos soluciones estructurales», sostuvo.
Paralelamente a la escasez de gasolina y diésel que ya paraliza las capitales, la Confederación Sindical anunció que ha instruido a sus equipos jurídicos estructurar procesos penales y civiles de forma directa contra los promotores de las movilizaciones. Asimismo, el transporte federado exigió a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) iniciar querellas judiciales de oficio contra los huelguistas que han provocado destrozos en la capa asfáltica.
«No estamos en contra del derecho a la protesta de nadie. Todo el mundo tiene derecho de poder hacer reclamos, pero la ABC tiene que procesar penalmente a todas aquellas personas que han destrozado las carreteras, han perforado el asfalto y han abierto zanjas», sentenció Gómez. Y concluyó indicando que las conclusiones del encuentro con el gabinete económico serán evaluadas en un ampliado nacional decisivo para definir medidas de presión
