En el Trópico de Cochabamba, un contingente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fue emboscado ayer por un grupo de comunarios en la localidad de Eterazama, mientras ejecutaban la destrucción de fábricas de cocaína. El enfrentamiento, que incluyó el uso de agentes químicos y hostigamiento con explosivos civiles, se saldó con dos uniformados heridos y subraya la peligrosa resistencia civil que protege las infraestructuras del narcotráfico en la región.
El operativo, parte de la renovada ofensiva del gobierno de Rodrigo Paz contra las sustancias controladas, se produce en un contexto de máxima alerta política, con el expresidente Evo Morales atrincherado en la misma zona para evitar su captura.
Según el reporte oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la unidad de Umopar ingresó al municipio de Villa Tunari tras un informe de inteligencia que ubicaba depósitos de precursores químicos. Mientras los efectivos procedían a la incineración de los laboratorios, fueron rodeados por una turba de pobladores que bloqueó los accesos con troncos y piedras.
“Los comunarios cerraron caminos y atacaron con piedras y petardos de alta potencia. Se tuvo que emplear gas lacrimógeno para garantizar la extracción segura del personal”, informaron fuentes de la Felcn.
La violencia de la reacción comunal guarda relación directa con el valor de los activos destruidos. Recientemente, la policía desarticuló en la zona un laboratorio de cristalización de cocaína de alta tecnología, valorado en $us 824.000, compuesto por diez áreas operativas. La pérdida de estas infraestructuras está provocando una respuesta cada vez más agresiva por parte de los sindicatos locales, que actúan como anillos de seguridad para el ‘complejo industrial’ del narcotráfico.
Los dos policías heridos fueron trasladados a centros médicos y se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio para identificar a los instigadores de la emboscada, en un territorio donde la autoridad estatal suele ser recibida como una «invasión extranjera».
Para el Gobierno central, la resistencia en Eterazama no es una protesta social, sino la defensa de una economía criminal que se siente amenazada por el cerco judicial a sus líderes políticos.
