La justicia determinó que la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, en el Gobierno de Evo Morales, asuma su defensa en libertad provisional. La exautoridad, que permanecía aprehendida en celdas policiales desde el pasado martes, quedó sujeta a un paquete de medidas sustitutivas tras ser imputada formalmente por los delitos graves de instigación pública a delinquir y terrorismo.
El dictamen del juez de la causa establece que, para mantener su derecho de libertad, Alanoca deberá cumplir esctrictamente con el arraigo nacional, lo que le impide abandonar el territorio boliviano, además de comparecer de forma obligatoria cada 15 días ante la Fiscalía para firmar en el registro biométrico y presentar un garante personal con acreditada solvencia económica.
Tras la conclusión de la audiencia, su abogado defensor, Marcelo Galván, confirmó la vigencia de las restricciones y aclaró que la resolución judicial faculta la continuidad del proceso investigativo por el tiempo que fije la etapa preparatoria.
“Eso es lo que se ha determinado, va a tener que continuar la investigación, pero nosotros vamos a continuar mostrando la inocencia técnica de mi defendida y la inexistencia del tipo penal”, sostuvo el abogado de Alanoca.
De acuerdo al viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, Wilma Alanoca desplegó un rol de coordinación relevante dentro de lo que el Gobierno califica como una estructura de desestabilización civil. “Hay una actitud recurrente y muy importante en toda la organización criminal dirigida de forma directa por Evo Morales, donde Wilma Alanoca ha jugado un papel fundamental en la logística y el sostenimiento de los conflictos recientes”, declaró el viceministro Paredes, según reporte de Erbol.
La detención inicial y posterior imputación de también exconcejal de El Alto provocó inmediatas repercusiones en el ala radical del partido evismo. Desde sus redes socieles, el expresidente Evo Morales Ayma exigió la «libertad inmediata e irrestricta» de Alanoca, y al mismo tiempodenunció ante la opinión pública la ejecución de presuntos abusos procesales y detenciones ilegales perpetradas por el Ministerio de Gobierno.
