Mediante un manuscrito emitido desde el recinto carcelario de San Pedro, el expresidente Luis Arce rechazó cualquier implicación en una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al millonario litigio entre las empresas cementeras Soboce y Fancesa. Arce descalificó el informe filtrado por la Policía de España que lo señala como parte de una red presuntamente articulada por el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Arce afirmó que el único acercamiento que mantuvo con el líder del PSOE fue de carácter estrictamente “institucional y político”, circunscrito a una reunión protocolar sostenida en la sede de gobierno durante la gestión 2024.
Según la explicación brindada en la carta, en dicho encuentro binacional se analizaron de forma exclusiva las fracturas internas del Movimiento Al Socialismo (MAS), la crisis de gobernabilidad del país y las alternativas de unidad de cara a los comicios generales que se proyectaban para 2025. “En ningún momento se trató litigio judicial alguno referente a la empresa SOBOCE y desconozco por completo la agenda de reuniones particulares que el expresidente Rodríguez Zapatero haya llevado adelante en la ciudad de Sucre”, sostuvo Arce.
La presencia de Rodríguez Zapatero en la capital del país en mayo de 2025, bajo el paraguas institucional de los actos oficiales del Bicentenario de Bolivia, ya había sembrado profundas susceptibilidades en Chuquisaca. De acuerdo con las pesquisas de la Policía española, el político ibérico habría percibido una comisión ilícita de 200.000 euros para interceder ante las autoridades del Poder Ejecutivo boliviano en favor del consorcio peruano Grupo Gloria, propietario mayoritario de Soboce, en el marco de una millonaria demanda penal por competencia desleal promovida por la factoría chuquisaqueña Fancesa, cuyo fallo inicial obligaba a la firma privada a pagar una histórica indemnización superior a los 744 millones de bolivianos (aproximadamente $us 107 millones).
La sentencia condenatoria contra Soboce fue congelada sorpresivamente en mayo de 2025 por un tribunal de garantías de La Paz, que remitió la definición definitiva del caso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Al respecto, Arce dijo lo siguiente: “Si mi administración gubernamental hubiese tenido algún tipo de colusión con esa cuestionada resolución judicial, como falsamente se está pretendiendo señalar desde las filas de la oposición, la Procuraduría General del Estado no habría impugnado, rechazado ni combatido penalmente ese mismo fallo en las instancias competentes”.
Asimismo, precisó que mientras el TCP no dicte sentencia, Soboce no ha sido eximida de sus obligaciones económicas contraídas con la factoría regional de Sucre.
En relación con las acusaciones que posicionaban a la exvicecanciller Carmen Almendras como el presunto nexo logístico y financiero con el exmandatario español, Arce rechazó las mismas y aaseveró que la mujer no formó parte de las estructuras orgánicas de su periodo constitucional, habiendo desempeñado funciones de alta representación exterior de forma exclusiva durante el mandato presidencial de Evo Morales Ayma, además de postularse posteriormente en listas de una fuerza política completamente ajena.
