Las autoridades bolivianas han emitido una alerta migratoria contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora. La medida confirmada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, le prohíbe al acusado salir del país mientras se profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y una serie de irregularidades financieras y ambientales.
La investigación se centra en la adquisición por parte de Arce Mosqueira, de 25 años, de un vasto predio de 2.187 hectáreas conocido como «Adán y Eva» en Santa Cruz. Este terreno, valorado en 3.3 millones de dólares según la declaración oficial, ha sido objeto de escrutinio desde que una investigación periodística, publicada en mayo de 2025, reveló la compra y las subsiguientes transformaciones del área.
Tierras Protegidas y Acusaciones Ambientales
El predio «Adán y Eva» se encuentra en una zona de transición de bosques serranos, chaqueños y andinos, y está clasificado como «Bosque de Conservación y Manejo Sostenible» y «Tierra de Producción Forestal Permanente». A pesar de su estatus de protección, imágenes satelitales y reportes indican una «evidente» conversión de bosques primarios en monocultivos de soya y maíz. Más alarmante aún, un tercio de la propiedad registró quemas durante un período de graves incendios forestales en Bolivia.
Las acusaciones sugieren que Rafael Arce obtuvo «permisos exprés» de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para expandir los desmontes a casi mil hectáreas, lo que, de ser cierto, constituiría una violación directa de las leyes ambientales, incluyendo una promulgada por la propia administración de su padre. El director de la ABT, Luis Roberto Flores Orellana, también ha sido incluido en la investigación por presunto «uso indebido de influencias».
Discrepancias Financieras Bajo la Lupa
La reapertura del caso, impulsada por el diputado Héctor Arce de la facción «evista» del Movimiento Al Socialismo (MAS), se basa en nuevas pruebas que apuntarían a significativas irregularidades financieras. Entre los indicios se destaca un anticipo de 280.300 dólares pagado por el predio, una cifra que contrasta drásticamente con los ingresos declarados por Rafael Arce como funcionario público, que no superaban los 700.000 bolivianos (aproximadamente 100.000 dólares) en seis años y medio.
El diputado Arce ha presentado extractos bancarios que, según él, muestran «movimientos extraños de dinero» y el retiro de 63 millones de bolivianos. Además, se ha cuestionado cómo Rafael, de 25 años, y su hermana Camila Arce, de 20, pudieron obtener seis créditos del Banco Ganadero por un total de 63.1 millones de bolivianos (aproximadamente 9.1 millones de dólares), destinados a la compra del predio, desmonte, insumos agrícolas y maquinaria. Estas transacciones han levantado sospechas de fraude financiero y evasión fiscal, con alegaciones de que el costo real de la propiedad era de 5.5 millones de dólares, y no los 3.3 millones declarados, para reducir el pago de impuestos.
Un Caso con Ecos Políticos
La Fiscalía General del Estado, a través de Roger Mariaca, ha insistido en que la alerta migratoria y la investigación no son una «persecución», sino parte de un proceso legal en curso. La investigación ha sido ampliada por 60 días para permitir la recolección de más pruebas.
Sin embargo, el caso parece estar profundamente entrelazado con las luchas de poder dentro del MAS. Pues tiempo atrás, el presidente Luis Arce calificó las acusaciones contra sus hijos como una «guerra sucia», atribuyéndolas a intereses políticos que buscan dañar su imagen. Por su parte, el diputado Héctor Arce ha expresado escepticismo sobre el resultado final de la investigación, sugiriendo que podría ser una estrategia para ganar tiempo y cerrar el caso antes del fin del mandato presidencial.
La emisión de esta alerta migratoria contra el hijo del presidente subraya la creciente presión sobre la administración de Arce y pone a prueba la independencia de las instituciones judiciales bolivianas. El desenlace de este caso no solo determinará el futuro legal de Rafael Arce Mosqueira, sino que también podría tener profundas implicaciones para el panorama político de Bolivia y la percepción pública sobre la rendición de cuentas en los más altos niveles del gobierno.
