Activando los mecanismos del brazo penal del Estado para hacer frente a la crisis de transitabilidad, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este martes la emisión de un instructivo a nivel nacional para activar acciones legales inmediatas ante los bloqueos de carreteras que castigan a diversas regiones del país.
La máxima autoridad del Ministerio Público detalló que la conminatoria legal busca sancionar los delitos derivados de las protestas, poniendo especial énfasis y prioridad en el departamento de La Paz, región que se encuentra bajo un asfixiante cerco civil desde el inicio de las movilizaciones gremiales y agrarias.
“Se han emitido instructivos con lineamientos para que, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se puedan iniciar las acciones legales que se consideren necesarias y pertinentes o, en su defecto, a partir de denuncias que presenten ciudadanos en todo el país”, afirmó Mariaca.
Con esta disposición, las fiscalías departamentales quedan plenamente facultadas para iniciar investigaciones de oficio contra los cabecillas de los cortes de ruta, además de viabilizar un canal directo para que la sociedad civil afectada de forma individual o colectiva formalice sus demandas penales en las capitales y provincias.
El Fiscal General explicó que la estructura institucional está lista para procesar las causas con celeridad, remarcando que cada Fiscalía Departamental cuenta con una Unidad de Análisis especializada. Dicha instancia técnica será la encargada de verificar de forma rigurosa si las denuncias penales presentadas cumplen con los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos de manera formal en el Código de Procedimiento Penal boliviano.
Finalmente, Mariaca aseguró que el Ministerio Público actuará con la firmeza que amerita la coyuntura, encuadrando cada investigación conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente para garantizar el orden público.
