Frente al incremento del 7% en los cultivos de hoja de coca registrados durante 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Gobierno del presidente Rodrigo Paz presentó la nueva Política Antidroga 2026-2030.
Con un presupuesto asignado de 492 millones de dólares, de los cuales el 56,3% provendrá de organismos internacionales, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó de «preocupante» el informe que cifra en 36.400 las hectáreas cultivadas en el país y anunció un giro estratégico enfocado en la inteligencia financiera, la erradicación de cocales excedentarios y el rastreo de patrimonios ilícitos.
La hoja de ruta oficial marca la primera reformulación integral en la materia impulsada por una administración ajena al Movimiento Al Socialismo (MAS) tras casi dos décadas.
El plan se estructura en torno a tres ejes fundamentales: seguridad ciudadana mediante la reducción de la oferta, salud pública para frenar el consumo en poblaciones vulnerables, y desarrollo integral en zonas de producción excedentaria.
En tanto, Oviedo remarcó que los trabajos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) respetarán los cultivos tradicionales contemplados en la ley, diferenciándolos de la coca ilegal que nutre a las redes del narcotráfico.
En el ámbito operativo, la interdicción incorporará el control estricto sobre el desempeño de precursores químicos y mecanismos de incautación de activos a través de investigaciones patrimoniales. El representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, respondió a la iniciativa del Ejecutivo nacional, ratificando el apoyo técnico y económico del bloque continental.
Por su parte, el ministro Oviedo enfatizó que la política quinquenal se aplicara bajo estrictos principios de soberanía y responsabilidad compartida, fortaleciendo alianzas bilaterales sin subordinación ni injerencia externa.
