El Ministerio Público admitió una denuncia penal interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) en contra de la exalcaldesa Eva Copa Murga y otros siete exservidores públicos por los presuntos delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
Ever Erwin Apaza Gonzales, asesor del área penal de la Dirección General de Asuntos Legales de la comuna, confirmó este lunes que el proceso indaga un presunto sobreprecio y desembolso irregular de más de Bs 2,1 millones en favor de la Empresa de Tratamiento de Residuos Bolivia (Trébol S.A.), firma encargada del aseo urbano en la urbe alteña.
De acuerdo con los antecedentes presentados por el equipo jurídico edil, la exgestión municipal aplicó una reliquidación tarifaria de carácter retroactivo sobre un contrato cuyo ciclo mensual ya había fenecido.
En detalle, la planilla correspondiente al servicio de recojo de basura de marzo de 2026 fue presupuestada originalmente en Bs 15,4 millones; sin embargo, tras la firma de un adenda o modificación de contrato el 24 de abril, el pago reliquidado se elevó a Bs 17,5 millones a favor de la empresa proveedora, generando una diferencia en contra de las arcas municipales.
Apaza explicó que para consumar la erogación se recurrió a una conciliación técnica o «cuadre de cifras» con la que se forzó la figura de los pagos retroactivos. El jurista argumentó que la operación violó las normas de administración financiera, dado que no contaba con la certificación de disponibilidad presupuestaria ni con el aval del Ministerio de Economía, entidad que había rechazado previamente la modificación contractual. La demanda penal se sostiene en los artículos 154 y 224 del Código Penal boliviano, e involucra también a exsecretarios municipales, directores y asesores legales de la administración de Copa.
