La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia otorgó este martes un plazo de 48 horas al Poder Ejecutivo para sostener una reunión de emergencia y esclarecer las causas detrás de las persistentes filas de vehículos en las estaciones de servicio de todo el país. A pesar de haber transcurrido dos semanas desde la que se levantaron los bloqueos que asfixiaron al país durante 53 días, el transporte pesado y urbano continúa registrando dificultades extremas para el abastecimiento de carburantes.
En ese sentido, el principal dirigente del sector, Lucio Gómez, exigió a las autoridades estatales «decir la verdad» sobre la situación financiera y logística de los hidrocarburos, advirtiendo que el gremio ha llegado al límite de su tolerancia.
la posición del transporte sindicalizado refleja el descontento de un sector que, tras permanecer inmovilizado durante casi dos meses por los conflictos políticos, ahora enfrenta pérdidas económicas adicionales debido a las prolongadas esperas en los surtidores.
Gómez dirigió sus críticas hacia el Ministerio de Hidrocarburos y la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), demandando respuestas concretas sobre si el desabastecimiento responde a una falta de liquidez financiera del Estado o a ineficiencias de carácter administrativo.
«No importa que estemos en Estado de excepción, estamos pidiendo una cosa social, no estamos hablando de política», dijo el dirigente, aclarando que a la cita convocada asistirán los secretarios ejecutivos de las nueve federaciones departamentales.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ensayó una postura de moderación al asegurar que el suministro de combustibles se encuentra en un proceso paulatino de regularización en diversas ciudades y proyectó una normalización completa para los próximos días. Asimismo, justificó los desfases actuales como un efecto de arrastre derivado de la parálisis logística de los 53 días de conflicto.
No obstante, Zamora denunció que la escasez coyuntural está siendo amplificada por actividades ilícitas de acopio, detallando que se ha detectado a usuarios que cargan tanques de almacenamiento varias veces al día con el propósito de desviar el energético hacia circuitos irregulares.
