El Comité Pro Santa Cruz demandó este martes a la Fiscalía General del Estado la emisión inmediata de mandamientos de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales y del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. La dirigencia cívica los señala como los principales «cabecillas» y responsables intelectuales de las pérdidas económicas y perjuicios civiles acumulados durante los 53 días de bloqueos de carreteras que asfixiaron al país.
El vicepresidente de la institución de la sociedad civil, Agustín Zambrana, informó sobre la presentación de seis requerimientos fiscales específicos orientados a compilar las pruebas estatales necesarias para que el Ministerio Público proceda penalmente sin dilaciones jurídicas.
La ofensiva legal del movimiento cívico cruceño busca consolidar un expediente probatorio de carácter técnico y multidisciplinario que impida que el caso quede en la impunidad.
Según explicó Zambrana, las peticiones judiciales obligarán a distintas dependencias del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas a remitir informes oficiales pormenorizados sobre las contingencias sufridas durante las casi ocho semanas de protestas. «Hemos presentado seis requerimientos fiscales para que el Ministerio Público no tenga miedo y, sobre todo, de una vez por todas, emita los mandamientos para Mario Argollo y Evo Morales. Ellos son cabecillas de lo que está sucediendo», aseveró el dirigente ante los medios.
La estrategia procesal del ente cívico detalla que la Policía Boliviana deberá certificar el número y resultado de los operativos de desbloqueo ejecutados, mientras que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) tendrá que transparentar los costos y alcances de los puentes aéreos activados para el traslado de pacientes críticos, alimentos e insumos médicos de emergencia.
Asimismo, los requerimientos exigen que el Ministerio de Salud describa el estado de colapso de las redes hospitalarias, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presente el mapeo georreferenciado de los daños a la infraestructura vial, y la Defensoría del Pueblo remita el registro oficial de personas fallecidas y heridas en las rutas tomadas.
Las acciones penales de la institución cruceña se suman a una denuncia formal interpuesta días atrás ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Las movilizaciones de mayo y junio, que exigían el recorte del mandato del actual presidente Rodrigo Paz, golpearon con especial dureza al sector agroindustrial, ganadero y logístico del oriente boliviano, provocando escasez de productos básicos en los mercados del occidente y un desajuste generalizado en las cadenas de exportación.
