El informe final de la comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa concluyó que la comercialización de gasolina contaminada y desestabilizada en el país se debió a una «ausencia total del control de calidad».
El documento oficial señala como probables responsables a varias exautoridades del anterior Ejecutivo, encabezadas por el expresidente Luis Arce, los exministros de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli, además del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por haber aprobado normativas y decisiones que permitieron la internación de carburantes al territorio nacional omitiendo las fiscalizaciones técnicas de rigor. Asimismo, la investigación detectó irregularidades financieras en los contratos de importación que habrían ocasionado un severo daño económico a las arcas del Estado.
Entre los hallazgos más contundentes del reporte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) evidenció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso a la venta los carburantes de manera anticipada, antes de recibir la verificación completa de los certificados de calidad, los cuales eran remitidos con hasta un mes de retraso tras la importación. Además, la ANH observó los certificados correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 al constatar que carecían de datos sobre parámetros críticos como contenido de plomo, gomas, olefinas, manganeso, agua, sedimentos y residuo carbonoso.
Pese a que los análisis básicos iniciales marcaban aparentes cumplimientos, los peritajes de laboratorio completos identificaron concentraciones de goma muy superiores a los límites permitidos en muestras tomadas en La Paz, Santa Cruz y Trinidad.
A las fallas técnicas en los controles de los combustibles se suma la detección de indicios de corrupción administrativa. El diputado de la bancada de Unidad, Carlos Alarcón, reveló que la comisión investigadora identificó fluctuaciones arbitrarias e injustificadas en los montos pagados por concepto de «PREMIO» dentro de los contratos suscritos entre la estatal petrolera y firmas transnacionales proveedoras.
Esta manipulación contractual habría generado un daño patrimonial considerable al Estado boliviano, por lo que el informe parlamentario recomendará la remisión de los antecedentes ante el Ministerio Público para el inicio de los procesos penales correspondientes por delitos de corrupción y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
