La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) advirtió que ningún automóvil que registre reporte de robo, tanto a nivel nacional como internacional, podrá acogerse al proyecto de ley de regularización de mercancías e importaciones automotrices indocumentadas que se debate en la Asamblea Legislativa.
El director de la unidad especializada en Santa Cruz, Edson Rojas, informó que se aplicarán rigurosas inspecciones técnicas obligatorias a cada unidad para verificar la autenticidad del Número de Identificación Vehicular (VIN). El anuncio coincide con la protesta diplomática del Congreso de Chile, donde legisladores denunciaron que la sola expectativa de una amnistía masiva ha disparado los asaltos y el contrabando de motorizados en las regiones limítrofes.
De acuerdo con el informe técnico de Diprove, los especialistas inspeccionarán cada chasis para descartar adulteraciones, raspados o regrabados de códigos de fábrica, excluyendo de forma automática a los infractores.
Como reflejo de la complejidad operativa, las autoridades policiales reportaron la reciente recuperación en la localidad cruceña de Yapacaní de una vagoneta Toyota Rush, modelo 2021, la cual poseía una denuncia de robo activa en la República del Perú y logró atravesar los departamentos de La Paz y Cochabamba mediante el uso de documentación fraguada antes de ser interceptada en ruta.
Sin embargo, las aclaraciones técnicas de las dependencias policiales no han logrado disipar las alarmas políticas en los países vecinos. En Santiago de Chile, el diputado por la región septentrional de Antofagasta, Sebastián Videla, calificó el proyecto legislativo boliviano, que pretende regularizar un universo estimado de más de un millón de unidades «chutas», como un incentivo directo al crimen organizado transnacional.
En ese sentido, Videla anunció gestiones ante la Cancillería de su país para formalizar un reclamo diplomático y no descartó elevar una denuncia ante organismos internacionales si no se establece una mesa de diálogo bilateral de alto nivel con la administración del presidente Rodrigo Paz para frenar el flujo delictivo.
El contrabando de vehículos indocumentados a través de pasos fronterizos no habilitados constituye un desafío histórico de control aduanero entre Bolivia y Chile. Evaluaciones de las fuerzas de seguridad chilenas estiman que aproximadamente el 10% de los automóviles sustraídos en el norte de ese país son desviados hacia el mercado boliviano mediante el uso de pasos ilegales. Además, las pesquisas de Carabineros de Chile han evidenciado la sofisticación de las organizaciones de contrabando, que han llegado a acondicionar estructuras subterráneas y cavernas artificiales en pleno desierto de Atacama para ocultar los bienes robados antes de concretar el cruce de las fronteras.
