El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, oficializó este lunes el respaldo del gobierno de Rodrigo Paz a los proyectos de ley que buscan penalizar los bloqueos de carreteras en Bolivia.
Bajo la premisa de que el derecho a la protesta no puede anular el derecho a la libre circulación, Lupo llamó a desterrar unas prácticas que, en el contexto de la actual crisis energética y recuperación económica, se consideran «asfixiantes» para el país.
El anuncio se produce mientras la Asamblea Legislativa analiza cuatro propuestas normativas, destacando la de la senadora Claudia Mallón, que propone penas de hasta 10 años de prisión para quienes interrumpan el tránsito de insumos esenciales.
Durante una conferencia de prensa, el ministro Lupo fue enfático en señalar que, si bien la democracia garantiza el derecho al reclamo, el uso de la fuerza y la obstrucción de rutas han dejado de ser mecanismos legítimos para convertirse en herramientas de chantaje político.
“La posición del Ejecutivo siempre ha sido respetar el derecho a la protesta, pero también respetando los derechos de los ciudadanos. No podemos no estar a favor de una ley antibloqueo”, afirmó Lupo, vinculando la norma con una necesidad de «seguridad jurídica» para la inversión y el abastecimiento de alimentos y combustibles
La Asamblea actualmente trata cuatro proyectos que compiten en severidad. Mientras el proyecto del diputado Carlos Alarcón propone tipificar los bloqueos como delitos graves con penas de hasta 20 años si hay violencia, la propuesta de Mallón (ya remitida a una comisión integrada) se enfoca en la protección de ambulancias y servicios básicos.
El respaldo de Lupo no ha pasado desapercibido para la dirigencia sindical. La COB y sectores afines a Evo Morales ya han calificado estas iniciativas como «dictatoriales» y han amenazado con un bloqueo general preventivo si la ley avanza hacia su promulgación. El argumento de los sindicatos es que el bloqueo es la «última instancia» de defensa ante lo que consideran «decretazos» autoritarios del gobierno de Paz.
Con el respaldo del Ejecutivo, la batalla por la Ley Antibloqueo se traslada ahora al terreno parlamentario y a las calles, donde el país deberá decidir si el orden público y la libre circulación pesan más que el histórico —y a menudo violento— bloqueo de caminos.
