La apuesta tecnológica del presidente Rodrigo Paz ha chocado frontalmente con el muro de la legalidad constitucional. La Sala Constitucional Tercera de El Alto admitió hoy una Acción Popular contra el Decreto Supremo 5515, la polémica norma que autoriza al mandatario a ejercer la jefatura del Estado desde el extranjero mediante firma digital y conexión a internet.
Por lo mismo, la Justicia ha citado a Paz a una audiencia decisiva este martes a las 15.30, donde se definirá si el «Gobierno electrónico» es un avance administrativo o un golpe a la estructura de sucesión de mando en Bolivia.
El recurso, impulsado por el abogado Wilmer Juan Vásquez Flores, sostiene que el decreto vulnera el Artículo 169 de la Constitución Política del Estado, el cual obliga al Presidente a transferir el mando al Vicepresidente en caso de ausencia del territorio nacional. Según el demandante, el uso de la firma digital desde el exterior no es una simple modernización técnica, sino una reforma constitucional «por la puerta trasera».
“Este tipo de medidas deben ser tratadas en una Asamblea Constituyente porque se busca cambiar lo establecido en la Carta Magna. Se está vulnerando la independencia de poderes”, afirmó Vásquez Flores tras la admisión del recurso.
La magnitud del conflicto ha obligado a la justicia a convocar no solo al Presidente, sino a las cabezas de las instituciones más importantes del país para que actúen como terceros interesados o testigos:
Edmand Lara (Vicepresidente): En medio de una fractura abierta con Paz, la declaración de Lara es la más esperada, dado que el decreto recorta directamente sus facultades de suplencia.
Presidente del TCP: Su presencia subraya la gravedad de la posible interpretación errónea de la Constitución.
Defensor del Pueblo y Contralor: Convocados para evaluar si el gobierno «remoto» garantiza los derechos ciudadanos y la correcta fiscalización del gasto público.
Para el gobierno de Paz, el DS 5515 es el arma definitiva contra la burocracia ineficiente y los bloqueos administrativos de la Vicepresidencia. Sin embargo, la celeridad con la que la Sala Constitucional de El Alto ha admitido el recurso, sugiere un escenario de alta tensión.
Si el fallo de este martes resulta favorable a la Acción Popular, el dispositivo de firma digital que Paz mostró con orgullo hace días quedaría inhabilitado para su uso fuera de Bolivia, obligándolo a retornar al modelo tradicional de sucesión o, en su defecto, a enfrentar una crisis de legitimidad en cada viaje oficial.
