Jaime Soliz, abogado y excolaborador cercano de la Vicepresidencia, denunció este martes que Edmand Lara aceptó donaciones de juguetes por parte de ciudadanos extranjeros vinculados a la explotación aurífera irregular. Según Soliz, estas «dádivas» fueron aceptadas a pesar de las advertencias explícitas sobre la posible comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La denuncia surge apenas dos semanas después de que la Vicepresidencia hiciera pública una donación de 10.000 juguetes para la campaña navideña, atribuidos a una entrega «voluntaria» de empresarios identificados como «Brian y Chang» o «Germán Huang».
En un video que se ha vuelto viral, Soliz relató cómo el Vicepresidente habría ignorado los protocolos de ética pública al recibir cargamentos de regalos de manos de operadores mineros de origen chino.
“Aparecen mineros que trafican con oro, de origen chino, y empezaron a traer regalos a la Vicepresidencia. Le dije: ‘usted no puede aceptar dádivas, eso es comisión de delito’. No me hizo caso. Recibió los juguetes y empezó a distribuirlos sin saber siquiera el origen de quienes se los traían”, aseveró Soliz.
Más allá de la denuncia legal, Soliz lanzó un ataque frontal contra la idoneidad del Vicepresidente para ejercer el cargo. Y reveló que sugirió a Lara someterse a una valoración psicológica debido al comportamiento errático que estaría mostrado desde que asumió el cargo y su reciente declaración de «oposición» al propio Gobierno que integra.
“No está apto para este cargo; le ha quedado totalmente grande. No tiene la preparación intelectual ni psicológica para aguantar el estrés. Renuncie por la patria”, sentenció el abogado, advirtiendo que el Vicepresidente enfrentará inevitablemente una proposición acusatoria por sus actos.
La denuncia de Soliz ha sido recibida con cautela pero con severidad en la bancada oficialista de la alianza Libre. Se espera que en las próximas horas se solicite un informe pormenorizado a la Vicepresidencia para esclarecer la identidad exacta de los donantes y si estos cuentan con concesiones mineras activas en el norte de La Paz o el departamento de Beni, zonas actualmente bajo la lupa por minería ilegal de oro.
