El Gobierno nacional y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) sellaron un acuerdo para modificar la controversial Ley 1720. La normativa, que permitía la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas para facilitar el acceso a créditos, había sido rechazada por sectores indígenas y campesinos ante el temor de una pérdida masiva de tierras por ejecuciones bancarias.
El pacto establece la redacción conjunta de un nuevo artículo que blinde los derechos territoriales de las naciones originarias, equilibrando la necesidad de financiamiento productivo con la protección de la propiedad comunitaria. Con este avance, el Ejecutivo espera levantar definitivamente las protestas que se iniciaron en Beni y Pando.
El acuerdo se fundamenta en cuatro puntos principales, siendo el eje central la remisión inmediata de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para reformar el texto original de la Ley 1720.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, reafirmó el compromiso del gabinete del presidente Rodrigo Paz para ejecutar los términos pactados, destacando que el objetivo es modernizar el agro sin vulnerar la seguridad jurídica de los pueblos indígenas. «Trabajaremos en conjunto para que la producción y la protección territorial caminen de la mano», aseguró la autoridad.
Por su parte, el ejecutivo de la CIDOB, Lino Illimuri, destacó que el diálogo reafirma la unidad de las 34 naciones del oriente y su voluntad de construir un país más inclusivo. Los sectores movilizados habían advertido que la conversión de tierras bajo la lógica del mercado tradicional exponía a los pequeños productores a una espiral de endeudamiento insostenible.
Con la inclusión de las salvaguardas legales, se busca que los beneficios del crédito agrario lleguen a las comunidades sin poner en riesgo la herencia territorial de los pueblos del Beni, Pando y Santa Cruz.
 sellaron un acuerdo para modificar la Ley 1720.){kind=link}