En un intento por frenar la persistente crisis de abastecimiento de diésel y gasolina en el mercado nacional, el ministro de Economía, Christian Morales, anunció este martes que el Gobierno prepara un “cambio radical” en la estructura de precios de los combustibles.
La autoridad ratificó la vigencia del polémico Decreto Supremo 5676, que fijó en Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores, y confirmó la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para fiscalizar la cadena de comercialización y abrir paso a la importación privada de carburantes.
Morales explicó que el ajuste en la banda de precios busca corregir las distorsiones económicas acumuladas por el subsidio estatal y garantizar que las divisas asignadas a la compra de diésel y gasolina no se desvíen hacia actividades ilícitas como el contrabando.
En ese marco, las auditorías e intervenciones operativas a YPFB detectaron anomalías severas en la asignación de cupos a estaciones de servicio y accesos remotos no autorizados a los sistemas informáticos de la estatal petrolera, lo que obligó a extremar los controles en las plantas de almacenaje de todo el país.
El plan del Órgano Ejecutivo contempla además la apertura del mercado a importadores y refinerías privadas, permitiéndoles adquirir crudo en el exterior para procesarlo y comercializarlo localmente, complementando la oferta de YPFB.
Finalmente, Morales descartó la abrogación del Decreto 5676 pese a las presiones de los sectores productivos y del transporte, remarcando que la política gubernamental avanzará en tres frentes simultáneos: reestructuración de tarifas, participación privada en la importación y fiscalización estricta de la distribución.
