La Fiscalía admitió una nueva denuncia penal promovida contra los principales dirigentes de las movilizaciones sociales que paralizaron las carreteras del país durante 53 días entre los meses de mayo y junio. La acción legal, presentada e impulsada por el diputado Edgar Zegarra, apunta de manera directa contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el exlíder de la federación campesina Túpac Katari, Vicente Salazar y el senador suplente Nilton Condori, entre otros referentes.
El Ministerio Público designó una comisión fiscalizadora e investigadores especializados para sustanciar el proceso por delitos que van desde organización criminal hasta homicidio culposo, en un contexto en el que se computan cerca de 150 investigaciones abiertas en siete departamentos del país.
El parlamentario denunciante confirmó la radicación del caso y la apertura de las diligencias preliminares para la colecta de elementos probatorios. Según las tipificaciones penales admitidas, la dirigencia sindical y social deberá responder por la presunta comisión de organización criminal, homicidio culposo, atentado contra la seguridad de los servicios de transporte y atentados contra la salud pública.
Zegarra fundamentó la acción judicial recordando que el cerco a las principales rutas interdepartamentales derivó en el fallecimiento de más de 16 personas, afectando directamente la distribución de insumos médicos, alimentos y combustible en el eje urbano.
El legislador, además, cuestionó la intransigencia mostrada por la dirigencia durante el periodo de protestas, señalando que las medidas desmedidas de presión buscaban forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz al margen de las vías electorales. «Hoy día ellos tienen que pagar todo lo que han ocasionado en esta aventura golpista en la que se han lanzado queriendo pisotear la Constitución», aseveró Zegarra en entrevista radiofónica.
La acusación detalla que el bloqueo provocó el quiebre de unidades productivas y la vulneración de derechos fundamentales de transportistas y estantes de las ciudades de La Paz y El Alto, quienes quedaron prácticamente aislados.
Esta nueva admisión judicial se suma al voluminoso paquete de investigaciones penales abiertas por el Ministerio Público para esclarecer los excesos cometidos durante las protestas. Según el reporte consolidado emitido el pasado 9 de julio por la Fiscalía General del Estado, existen 148 procesos penales en curso repartidos en siete de los nueve departamentos del país.
La crisis de los 53 días de bloqueo, que buscaba acortar el mandato de Rodrigo Paz, dejó cuantiosas pérdidas en el aparato agroindustrial, desabastecimiento de carburantes y episodios violentos de desbloqueo, sentando un duro precedente sobre las responsabilidades penales de la dirigencia sindical en la interrupción de servicios básicos.
