El Tribunal Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, por la presunta comisión de los delitos de tortura y presiones ilegales.
La determinación judicial se dio tras las graves denuncias presentadas por los abogados de varios de los jefes militares procesados por la asonada militar del 26 de junio de 2024. De acuerdo con los juristas, Aguilera habría encabezado interrogatorios clandestinos y ordenado apremios físicos y psicológicos con el propósito de obligar a los uniformados detenidos a autoincriminarse y validar la teoría de un golpe de Estado al gobierno de Luis Arce.
La resolución judicial responde a los incidentes y declaraciones testificales ventilados en la reanudación de las audiencias del juicio oral. El abogado Roger Valverde, defensor del excomandante de la Policía Militar, Raúl Barbery Muiba, aseveró ante el tribunal que el exviceministro participó de manera directa e ilegal en la toma de declaraciones informativas preliminares, omitiendo deliberadamente la presencia de los abogados defensores de los acusados.
Valverde argumentó que las coacciones buscaban forzar relatos que diluyeran los indicios de lo que la defensa califica firmemente como un “autogolpe” orquestado por la administración ‘arcista’
A estas denuncias de vulneración de garantías constitucionales se sumó la abogada Martha Requena, representante legal de otro de los oficiales de la guarnición paceña encausados en el proceso. Requena respaldó la tesis de su colega y afirmó que su defendido sufrió severos maltratos físicos y presiones psicológicas intramuros durante las primeras horas de su detención en celdas policiales. Con este dictamen, el Tribunal Sexto transfiere la responsabilidad operativa a la Fiscalía departamental, que deberá conformar una comisión de fiscales para esclarecer si existió un quiebre sistemático de los derechos humanos por parte de altos funcionarios del Ejecutivo.
