Este lunes se dio a conocer que la Fiscalía de La Paz admitió formalmente una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, acusadas de conformar una «organización criminal» dedicada a la trata de personas. El caso sostiene que entre 2015 y 2020 se facilitaron al menos 37 encuentros entre el exmandatario y Noemí Meneses Chávez, quien habría sido captada y trasladada desde que tenía 14 años.
La denuncia, presentada por el exdirector del Sepdavi, Marcelo Alcázar, señala que funcionarios públicos de alto rango utilizaron la logística del Estado para el traslado y encubrimiento de la menor.
Según el memorial admitido el pasado 30 de diciembre, la presunta organización operó bajo un esquema que permitió vulnerar los protocolos de seguridad en aeropuertos y terminales. Entre los principales señalados como cómplices figuran:
Ronald Casso: Exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), acusado de facilitar los 37 vuelos de la menor sin los permisos legales requeridos para adolescentes.
Carla Lorena Sandy: Exviceministra de Igualdad de Oportunidades y actual diplomática ante la ONU. Irónicamente, Sandy impulsó recientemente el «Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas», mientras la denuncia la sitúa como pieza clave en la red de influencias del MAS.
Luis Hernán Soliz Morales: Asistente personal del exmandatario, señalado por la compra de pasajes y coordinación logística.
“Se burlaron todos los protocolos de seguridad. Ni BoA ni las terminales aéreas exigieron el permiso de viaje para la menor, facilitando encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado en distintos puntos del país”, reza el documento presentado por Alcázar.
El caso se centra en la vulnerabilidad de la víctima, quien en 2020 reconoció una relación con Morales, aunque alegó que esta inició formalmente cuando ella cumplió 19 años. Sin embargo, la fiscalía investigará el periodo previo (2015-2019), donde la diferencia de edad de más de 40 años y la minoría de edad de Meneses configuran, según la acusación, los delitos de estupro y trata de personas, cuyas penas alcanzan los 15 años de prisión.
La admisión de esta denuncia coincide con un momento de extrema debilidad para el ala «evista», que actualmente mantiene una pugna abierta con el gobierno de Rodrigo Paz. Alcázar, quien se declaró «perseguido político», asegura que este es el momento de que la justicia actúe con independencia, lejos de las presiones que en 2020 frenaron la investigación original.
