A través de un comunidado, la diputada nacional Diana Romero Saavedra ha denunciado ser víctima de una campaña sistemática de hostigamiento y violencia política. Romero, quien además es la esposa del vicepresidente Edmand Lara, rompió el silencio para desmentir categóricamente las versiones que la ubicaban fuera del país y anunció medidas legales contra legisladores de la oposición.
La declaración surge como respuesta a las afirmaciones del diputado Ricardo Rada, quien había asegurado que Romero se encontraba en Panamá junto a su esposo, incurriendo presuntamente en el uso indebido de recursos del Estado.
Frente a las acusaciones de ausentismo y gasto público, la diputada Romero aclaró que se encuentra en el departamento de Santa Cruz cumpliendo con su «semana regional», una labor de fiscalización y contacto territorial obligatoria para los parlamentarios.
El núcleo de la denuncia de Romero trasciende la logística de sus viajes. La parlamentaria sostiene que los ataques dirigidos por senadores y diputados —específamente señalando a Rada— constituyen acoso político, motivado únicamente por su vínculo con el Vicepresidente Lara.
“Dichas conductas no solo afectan a mi persona en mi situación de mujer, sino que afectan a la democracia y al ejercicio pleno de los derechos políticos. Pretenden silenciarme o desacreditarme por razones ajenas a mi labor parlamentaria”, sentenció Romero en su comunicado.
La diputada anunció el inicio de acciones legales ordinarias y políticas contra quienes han difundido lo que considera «acusaciones temerarias». Este movimiento judicial podría complicar la situación del diputado Rada, ya que Romero exige que la justicia opere con la mayor rigurosidad para sentar un precedente contra la denigración de las mujeres en la política.
La situación de Diana Romero no puede aislarse de la tormenta que rodea a su esposo. Con Edmand Lara en Panamá —en un viaje que la Vocería Presidencial calificó de «no informado»— y ella bajo fuego cruzado en Santa Cruz, la pareja vicepresidencial parece estar bajo un asedio coordinado que mezcla la fiscalización pública con la disputa personalista.
