La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) instaló este martes los primeros piquetes de huelga de hambre en al menos siete regiones del país.
Las extremas medidas de presión se activaron en las sedes sindicales de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Oruro, Beni, Yacuiba y Sucre en firme rechazo al anteproyecto de ley que pretende transferir la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones y alcaldías. Además, advirtieron que de no ser escuchados paralizarán completamente las actividades escolares la próxima semana mediante un paro de 48 horas.
La radicalización de las medidas responde al mandato de las bases docentes, quienes sostienen que la descentralización vulnera la estabilidad laboral, el Reglamento del Escalafón Nacional y establece las bases para una privatización progresiva de la educación fiscal superior.
En Potosí, cinco docentes de institutos tecnológicos asumieron el ayuno voluntario bajo el liderazgo de su ejecutivo Rolando Garabito. Mientras en Oruro y Trinidad la medida fue encabezada por dirigentes nacionales como Carina Huayta. Asimismo, la Federación del Magisterio Urbano de Santa Cruz lanzó un severo ultimátum al ministro Erick Sanjinés, ratificando que si el Ejecutivo no retira formalmente la propuesta legislativa de las comisiones del Parlamento, el sector acatará de forma disciplinada el paro suspendiendo el avance de contenidos en el cierre del año escolar.
Además de exigir el archivo del proyecto descentralizador, el magisterio urbano incorporó a su pliego de peticiones la nivelación salarial acorde al costo de la canasta familiar, mayor presupuesto para el sector y la atención inmediata a sus demandas históricas. Esta arremetida sindical desafia la postura del Ministerio de Educación, que el pasado viernes garantizó una partida de Bs 650 millones con «candados legales» para el pago de haberes desde las administraciones subnacionales, un argumento que fue desestimado por la dirigencia del magisterio al calificarlo de una vulneración a la tuición estatal.
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