La marcha de indígenas y campesinos provenientes de Pando y Beni arribó a la ciudad de La Paz. Tras 27 días de movilización ininterrumpida, los marchistas ingresaron a la sede de Gobierno con una postura innegociable: la abrogación total de la Ley 1720, la cual faculta al INRA a convertir la clasificación de pequeña propiedad titulada a propiedad mediana.
A pesar de los intentos del Gobierno por frenar la columna mediante acuerdos parciales y la promulgación del Decreto Supremo 5613, los líderes de la protesta ratificaron que su lucha es por la seguridad de sus tierras y que no abandonarán la capital sin una respuesta definitiva a su pliego petitorio.
La movilización, que inició en territorio pandino y sumó fuerzas en su paso por el Beni, superó diversos obstáculos logísticos y climáticos antes de descender por las laderas paceñas.
«Pensaron que no íbamos a llegar, pero ya estamos en La Paz», afirmó una de las dirigentes, quien destacó el sufrimiento de su gente en el trayecto y apeló a la sensibilidad de las autoridades.
La principal preocupación de los sectores amazónicos radica en que la Ley 1720 altera el estatus jurídico de sus tierras, lo que consideran una amenaza directa a la propiedad comunitaria y pequeña producción.
Durante el recorrido, el Ejecutivo intentó desactivar el conflicto explicando el contenido de la normativa y emitiendo lineamientos operativos para la dotación de tierras en la región amazónica a través del Decreto 5613. Sin embargo, estas medidas fueron consideradas insuficientes por el grueso de la columna, que acusa al Gobierno de intentar dividir al sector.
Al llegar a La Paz, los marchistas recibieron muestras de solidaridad de la ciudadanía, que se acercó a entregar alimentos; no obstante, el ingreso también registró momentos de tensión cuando los manifestantes expulsaron de la columna a la activista María Galindo, a quien increparon por un incidente previo relacionado con la destrucción de vestimentas típicas.
