Durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa para socializar el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Christian Morales, aseguró que el plan de ajuste estructural contempla mecanismos de contención para los sectores más vulnerables.
La autoridad precisó que el financiamiento de 1.900 millones de dólares proyectado a tres años incluye metas de reducción del déficit y la retirada progresiva de la subvención a los carburantes hacia 2027, compromiso que será compensado mediante la posible entrega de un nuevo bono o transferencias directas focalizadas.
Morales explicó ante los legisladores que la transición económica del país requiere de un ordenamiento fiscal severo, pero garantizó que «el Estado no se va a olvidar de aquellos sectores que realmente necesitan un apoyo».
Como antecedente de esta política de mitigación, la autoridad evocó la aplicación del bono PEPE, entregada a inicios de la gestión de Rodrigo Paz cuando se ejecutó la primera nivelación en el precio de los combustibles. El objetivo de la cartera de Economía será afinar la base de datos de beneficiarios para evitar la dispersión de fondos e impactar directamente en la población de menores ingresos.
El titular de Economía exhortó a las bancadas parlamentarias a comprender la gravedad del escenario financiero heredado por la actual administración y solicitó una pronta ratificación del programa crediticio con el FMI.
«Contamos con que los diferentes asambleístas entiendan cuál es la situación que tenemos actualmente (…) y que lo van a aprobar a la brevedad», aseveró Morales, tras señalar que los $us 1.900 millones resultan indispensables para amortiguar la liquidez de divisas y sostener las reservas internacionales del Estado.
