El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó este miércoles que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el nuevo anteproyecto enviado por el Ejecutivo para cumplir las recomendaciones de ese organismo en materia de prevención del lavado de dinero.
“La consecuencia de no aprobar esta normativa es que se va a ratificar, en 2 años, que podamos pasar a otra instancia, de entrar a unas listas negras. Nosotros tenemos 2 años para salir de esta categorización de listas grises”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Además, sostuvo que si Bolivia quiere salir de la lista gris debe cumplir con técnicas especiales de investigación en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
Por lo mismo, el Ejecutivo envió este miércoles a la ALP un anteproyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas realizadas por el GAFI, «con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero».
El GAFI colocó este mes a Bolivia en la «lista gris» de mayor vigilancia, porque, según el Gobierno, grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, en años pasados.
Apuntes
De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, la “lista gris” es un registro público de países que, según el GAFI, presentan deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros, por lo que son “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”.
El Gobierno arguye que el país entró en la mencionada lista por que hasta la fecha se evitó la entrada en vigor de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, «con la cual el país cumplía con los requerimientos del organismo».
La Ley 1386 fue promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de 2021; sin embargo, la norma fue abrogada en noviembre de ese mismo año, «tras movilizaciones promovidas por sectores políticos que, con argumentos falsos, se opusieron a su aplicación».
Durante la reunión GAFI/Moneyval del 13 de este mes, el país se comprometió formalmente a corregir las deficiencias observadas. Bolivia tiene dos años para cumplir con las recomendaciones del organismo internacional y, en ese tiempo, la Asamblea debe viabilizar la aprobación de la normativa necesaria.
