El Gobierno nacional cerró la puerta a la anulación del Decreto Supremo 5676, norma que fijó en Bs 18 por litro la tarifa referencial del diésel para los grandes consumidores.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, enfatizó este miércoles que la disposición regulatoria «no se abroga», invitando a los sectores productivos a trabajar en la fase reglamentaria para introducir ajustes técnicos, mientras advirtió que las fuerzas del orden harán cumplir las restricciones impuestas por el estado de excepción.
Frente a las críticas y al endurecimiento de las medidas de presión en las regiones productivas, Aramayo justificó la permanencia del decreto al señalar que la fijación de la tarifa no responde a decisiones arbitrarias, sino al precio real de paridad de importación del combustible.
La autoridad cuestionó la postura de los dirigentes al exigir la eliminación sin plantear alternativas viables para frenar el desabastecimiento: “Eso de ‘no me gusta, se abroga’, entonces, ¿qué propones?, ¿qué preferimos?, ¿que no haya abastecimiento y que las colas estén frente a surtidores que no van a vender?”, recriminó. No obstante, admitió que el precio final tiene margen de fluctuación según los mercados internacionales.
En tanto, el rechazo a la medida gubernamental se trasladó con fuerza a los ejes viales. Productores de la provincia Marbán instalaron un cerco en el puente San Pablo que interrumpió el paso entre Santa Cruz y Trinidad, obligando a suspender las salidas de autobuses en la Terminal Bimodal. La dirigencia agrícola alertó que el encarecimiento del diésel encarece fletes, maquinaria e insumos, golpeando la cadena alimentaria.
Frente a ello, Aramayo recordó que el estado de excepción prohíbe de manera estricta los bloqueos de carreteras y ratificó que el Estado actuará amparado en la ley para garantizar el libre tránsito.
