Rodrigo Paz defiende la Ley 157 desde Tarija y asegura que no afecta tierras comunales

El presidente Rodrigo Paz salió al frente para defender la Ley 157 (registrada como Ley 1720) y «desmentir categóricamente» que la normativa afecte a las tierras comunales o reservas nacionales, denunciando una «campaña de desinformación» que busca alarmar a los sectores rurales.

Mientras el jefe de Estado explicaba que la ley permite la conversión voluntaria de pequeña propiedad a mediana para facilitar el acceso a financiamiento bancario, una marcha de campesinos e indígenas proveniente de Pando arribaba a Rurrenabaque, para ratificar su intención de llegar a La Paz si la norma no es abrogada de inmediato por considerarla una amenaza a la propiedad colectiva.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Paz enfatizó que la ley autoriza al INRA a realizar cambios de estatus de propiedad de forma gratuita y voluntaria, siempre a solicitud del productor.

«En Bolivia se respeta la propiedad privada y la seguridad jurídica», recalcó el mandatario, argumentando que el objetivo principal es que el pequeño agricultor pueda hipotecar su tierra para acceder a créditos con intereses bajos, eliminando la dependencia de prestamistas informales.

Para el Ejecutivo, la norma es un motor de reactivación que busca tecnificar el agro y potenciar la capacidad productiva del país en un año de desafíos económicos.

Sin embargo, la realidad para otros sectores es distinta. La marcha liderada por Yery Galindo (Pando) y Víctor Hugo Roca (CSUTCB) ya cuenta con más de 300 personas y ha recibido un masivo apoyo popular en Beni. Los movilizados sostienen que la ley fue redactada a espaldas de las comunidades indígenas del norte y que la «conversión voluntaria» es una puerta abierta para que latifundistas y empresas expandan su control sobre territorios ancestrales.

En ese sentido, tras arribar a Rurrenabaque, los dirigentes advirtieron que no aceptarán parches a la norma y señalaron que la falta de consulta previa en Beni y Pando «es una vulneración constitucional que solo se resuelve con la anulación del texto legal».