El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtió que el Órgano Judicial ejecutará un paro nacional de actividades de 24 horas si el Gobierno central y la Asamblea Legislativa persisten en congelar sus demandas económicas y normativas.
La judicatura exige además, una asignación fija equivalente al 5% del Presupuesto General del Estado (PGE) para garantizar la soberanía operativa de las cortes departamentales.
La resolución fue oficializada por Saucedo tras la conclusión de la Reunión Nacional de Magistrados, Jueces y Vocales celebrada en la ciudad de Sucre.
Las autoridades judiciales conminaron formalmente al presidente del Estado y a la representación parlamentaria a viabilizar de forma inmediata los requerimientos presupuestarios y a destrabar el paquete de leyes sectoriales que permanece paralizado en las comisiones legislativas.
El titular del TSJ lamentó que el Órgano Judicial se vea forzado a evaluar medidas de presión de hecho, argumentando que el Poder Ejecutivo suele priorizar la atención y el diálogo con sectores sociales que recurren a la violencia logística, postergando a las entidades que resguardan la institucionalidad democrática.
«En caso de que estas dos situaciones institucionales de urgencia no sean atendidas, la administración de justicia también va a parar de forma definitiva en el país. Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, el Estado de derecho, los que somos garantes de la justicia y de la Constitución, no somos escuchados ni atendidos; pero los sectores que bloquean las carreteras, los que paran la economía, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden de manera inmediata», manifestó Saucedo durante una concurrida conferencia de prensa.
De igual forma, el Órgano Judicial emplazó al primer mandatario y a la totalidad de su gabinete de ministros a trasladar sus oficinas y sesionar en Sucre para responder de forma directa a las demandas del sector. Asimismo, anunciaron la remisión de una nota oficial a la Asamblea Legislativa para que las bancadas parlamentarias asuman un compromiso público y por escrito para sancionar las normativas presentadas por el TSJ, orientadas a la modernización judicial y a la creación de nuevos juzgados para mitigar la mora procesal.
