El Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializaron los detalles del Memorando de Políticas Económicas y Financieras que sustentará el programa de financiamiento por 1.900 millones de dólares a 36 meses.
El acuerdo compromete un ajuste fiscal masivo equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029, fija la eliminación definitiva de la subvención a los combustibles a partir de enero de 2027 y establece la transición hacia un régimen de tipo de cambio flexible.
Durante la presentación del documento, las autoridades enfatizaron que el plan busca erradicar el déficit primario y reducir el déficit fiscal global al 3,5% del PIB.
El programa macroeconómico impone un viraje estructural en la gestión pública: prohíbe de forma tajante que el Banco Central de Bolivia (BCB) continúe otorgando financiamiento neto al Tesoro General de la Nación (TGN), fija metas para reestructurar o disolver empresas estatales deficitarias, dispone el levantamiento de restricciones a las exportaciones y la eliminación gradual de controles de precios.
Para contener la brecha de combustibles previa al 2027, el esquema autoriza la importación privada y faculta a YPFB a procesar crudo importado. En el plano cambiario, las entidades financieras quedan habilitadas para transar divisas a tasas libremente pactadas, limitando la acción del BCB a mitigar turbulencias extremas.
El titular de Economía, Christian Morales, sostuvo que el ajuste no se ejecutará a costa de los sectores desprotegidos. Asimismo, confirmó la construcción de un Registro Social Unificado para dirigir incentivos monetarios directos que absorben el choque inflacionario, el cual se proyecta en un 14% al cierre de 2026 antes de descender a un solo dígito para 2028.
