La Cámara de Diputados aprobó hoy el Proyecto de Ley 192, que extiende de tres a seis meses el periodo de permanencia obligatoria en el país para las exautoridades del anterior gobierno. La norma, impulsada por la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), busca asegurar que los exfuncionarios rindan cuentas y enfrenten los5 procesos judiciales abiertos antes de cualquier intento de abandono del territorio nacional.
El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, remitió de inmediato la norma al Senado para su sanción, subrayando que la medida es una respuesta directa al temor social de que figuras clave de la administración de Luis Arce busquen asilo en el extranjero.
La nueva ley modifica la Ley 1352 (promulgada originalmente en 2020), la cual establecía un arraigo automático de tres meses tras el cese de funciones. Para la diputada proyectista, Claudia Bilbao (PDC), ese lapso resultaba insuficiente ante la magnitud de las auditorías en curso. Asimismo, advirtió que el 15 de febrero representa una fecha crítica, pues muchas exautoridades cumplirían sus tres meses de arraigo original y podrían salir del país. «Necesitamos cuentas claras antes de permitir que abandonen Bolivia», sentenció.
La aprobación en las estaciones de «grande» y «detalle» fue celebrada por el bloque oficialista y sus aliados, quienes sostienen que la «desinstitucionalización» de los últimos 20 años requiere medidas de control extraordinarias. Durante el debate, algunos legisladores incluso propusieron penas más severas, como la inhabilitación perpetua para cargos públicos a quienes sean hallados culpables de corrupción.
Este movimiento legislativo coincide con el cerco judicial sobre Evo Morales en el Chapare y las nuevas citaciones a figuras como Nemesia Achacollo por el caso Fondioc. Al duplicar el tiempo de arraigo, el gobierno de Rodrigo Paz gana un semestre crítico para consolidar las acusaciones contra la anterior gestión sin el riesgo de que los imputados se conviertan en «perseguidos políticos» desde el exterior.
