La Policía Boliviana recapturó a Jeannette Bejarano Vargas, una mujer que cumplía una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. El arresto se produjo en plena vía pública de La Paz, mientras la sentenciada bailaba y consumía alcohol en una comparsa junto a su pareja, el juez de Ejecución de Sentencia, Ángel René S. C..
Según los informes policiales, el magistrado intentó obstruir la aprehensión amenazando a los uniformados, mientras familiares de la mujer intentaban disfrazarla de pollera para facilitar su huida.
Bejarano fue condenada por el asesinato de su esposo, el sargento de la FAB Ariel Esteban Conde, a quien disparó tres veces con su arma de reglamento en 2006.
Pese a que su sentencia fue ejecutoriada en 2014, logró salir de la cárcel en 2015 alegando un embarazo, fruto de su relación con el juez Ángel René S. C., y posteriormente fingiendo padecer cáncer con certificados médicos que nunca fueron avalados por el IDIF. Tras ser declarada prófuga en 2021, la mujer convivía impunemente con el magistrado, quien ahora niega la relación pese a la existencia de un certificado de nacimiento que los vincula y videos del día de la captura.
El operativo culminó con el allanamiento de la vivienda de la pareja, donde finalmente se ejecutó la orden del Juzgado de Ejecución de Sentencia Cuarto. Este caso evoca los oscuros precedentes de consorcios de jueces y fiscales que facilitaron la liberación de peligrosos criminales, como ocurrió con el asesino serial Richard Choque. La defensa de la familia de la víctima ha solicitado que el Consejo de la Magistratura inicie un proceso penal de oficio contra el juez por el presunto delito de favorecimiento al encubrimiento, dado que el magistrado habría utilizado su cargo para proteger a la asesina.
«Solo quiero justicia, han pasado 20 años y ella solo cumplió ocho en la cárcel», clamó Esteban Conde, padre de la víctima, resumiendo el sentir de una sociedad hastiada de los privilegios judiciales.
