El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ordenó el cese inmediato de las funciones del encargado de la oficina de la Embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel. El pronunciamiento de la cancillería colombiana especifica que la determinación fue adoptada bajo el estricto principio de «reciprocidad diplomática», contemplado en el artículo 9 de la Convención de Viena de 1961.
La medida es una respuesta directa a la decisión ejecutada 24 horas antes por la administración del presidente Rodrigo Paz, la cual cesó y expulsó de la sede de Gobierno a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, acusando al presidente Gustavo Petro de incurrir en una flagrante injerencia externa.
El comunicado oficial emitido desde Bogotá intentó mantener una tónica estrictamente institucional y jurídica para mitigar el impacto de una ruptura total de relaciones. La cancillería colombiana aclaró que ningún funcionario de su administración ha tenido jamás «el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia», y ratificó su apego inquebrantable a los principios universales de igualdad soberana y libre autodeterminación de los pueblos.
Con este argumento, el Gobierno de Petro buscó desarmar la ofensiva retórica planteada por su contraparte en La Paz, asegurando que sus canales diplomáticos bilaterales permanecerán disponibles.
No obstante, el gobierno colombiano insistió en mantener una ventana abierta para intervenir legalmente en el conflicto civil andino. «Colombia mantiene su disposición de acompañar, siempre a solicitud del Gobierno boliviano, iniciativas en favor de la paz, el diálogo político, las vías institucionales, la participación ciudadana y la observancia de los derechos humanos», reza el documento.
De esta manera, Bogotá matiza la fricción pero no retrocede en su enfoque doctrinario, equilibrando la balanza de poder frente a las duras acusaciones formuladas por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien horas antes había tildado el comportamiento de Petro como un atentado abierto contra el orden constitucional interno.
