La diputada por la bancada de Libre, Lissa Claros, anunció que iniciará los procedimientos legales y parlamentarios para promover un proceso penal y la posterior destitución del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La legisladora fundamentó la medida en el presunto delito de incumplimiento de deberes, argumentando que el titular de la Defensoría mantuvo una postura de pasividad y «ausencia» institucional durante la reciente crisis político-social de 53 días que paralizó los principales ejes viales del país.
Como primer paso de la estrategia de fiscalización, Claros formalizará un requerimiento de informe ante el pleno legislativo para que el funcionario rinda cuentas sobre las acciones adoptadas para precautelar los derechos de los sectores afectados.
El cuestionamiento de la parlamentaria apunta a la falta de intervenciones efectivas por parte de la Defensoría del Pueblo en el transcurso de las movilizaciones y bloqueos de carreteras que asfixiaron el aparato productivo entre los meses de mayo y junio. Según Claros, la institución administra un presupuesto millonario sin cumplir de manera idónea con su mandato constitucional de salvaguardar a la ciudadanía.
«Esperamos que pueda asistir a la petición de informe y dar respuestas a la población boliviana sobre dónde estaba y qué función cumplió para defender a los choferes varados, a las familias que perdieron seres queridos y a los negocios que sufrieron agresiones», declaró ante los medios de comunicación.
La estrategia delineada por la diputada de Libre contempla el uso de los mecanismos de control legislativo como base probatoria antes de trasladar la denuncia formal al ámbito de la justicia ordinaria. La legisladora enfatizó que las omisiones de Callisaya justifican la activación de una vía penal que culmine con su remoción del cargo, calificando la gestión del Defensor como «incompetente» frente a las demandas urgentes de la población civil y los perjuicios ocasionados por lo que denominó «grupos extremistas de izquierda».
