La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados decidió hoy posponer el tratamiento de la polémica Ley Antibloqueo. La decisión de reprogramar el debate para la primera semana de febrero busca abrir un «periodo de socialización» con los sectores sociales y productivos, enfriando momentáneamente un conflicto que amenazaba con derivar en un bloqueo nacional por parte de la Central Obrera Boliviana (COB).
La conformación de una comisión especial de análisis es vista por algunos sectores como una válvula de escape política ante la creciente tensión entre el gobierno de Rodrigo Paz y los sindicatos, que ven en la norma un intento de criminalizar su principal herramienta de presión.
La senadora Claudia Mallón (APB-Súmate), una de las arquitectas de la normativa, defendió la necesidad de la ley sin retroceder en su discurso de orden. Según Mallón, el proyecto no pretende anular el derecho a la manifestación pacífica, sino establecer límites claros que impidan el estrangulamiento de la economía nacional.
“Este proyecto de ley no permite criminalizar el derecho a la protesta, pero nunca más los bloqueos en Bolivia”, enfatizó Mallón, en respuesta directa a las acusaciones de autoritarismo lanzadas por la dirigencia cobista.
La postergación representa un desafío directo a la estrategia de confrontación de la COB, liderada por Mario Argollo, quien había advertido con retomar las medidas de hecho si la ley avanzaba. Mallón calificó la postura del ente matriz de los trabajadores como una actitud de «amenaza» que impide el progreso legislativo y el respeto a la independencia de poderes.
La pausa legislativa ocurre mientras el país se prepara para el feriado del viernes, un momento de calma relativa que el Legislativo espera aprovechar para bajar la temperatura política. Sin embargo, el riesgo de que la «socialización» sea interpretada como una muestra de debilidad por parte del Gobierno sigue latente.
Si para febrero no se logra un texto consensuado que defina qué constituye un «bloqueo criminal» frente a una «protesta legítima», la Asamblea Legislativa se enfrentará a una encrucijada: imponer la mayoría parlamentaria y arriesgarse a nuevas movilizaciones, o archivar la ley y confirmar la vigencia del bloqueo como la ley máxima de la política boliviana.
