El Movimiento Cívico Nacional determinó exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación urgente de una ley de resarcimiento económico orientada a obligar a los promotores de los bloqueos a pagar con sus propios recursos por los destrozos ocasionados al aparato productivo.
El encuentro, que inicialmente debía ser un careo presencial, se desarrolló con la participación del presidente Rodrigo Paz Pereira por vía telefónica, ratificándose las alertas sobre un inminente quiebre del orden constitucional.
“Exigimos la creación de una ley de resarcimiento económico que obligue a los responsables de estos bloqueos a reparar los daños provocados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de nuestros departamentos. Quien atenta contra el sustento del boliviano deberá asumir la responsabilidad legal y financiera de sus actos”, manifestó el presidente del comité pro santa cruz, stello Cochamanidis durante la lectura del manifiesto unificado de las regiones.
El diagnóstico formulado por el bloque cívico advierte que el país se encuentra fracturado en dos visiones irreconciliables: una ruta que ejecuta una agenda de desestabilización, asfixia y violencia radical, contrapuesta a un rumbo de reactivación productiva que busca rescatar la estabilidad financiera de la República.
Ante el escenario crítico, los cívicos emitieron un espaldarazo condicionado al Primer Mandatario, exigiéndole el estricto respeto al mandato popular emanado de las urnas que lo ungió con el 55% de los votos y pidiéndole que no ceda bajo ninguna circunstancia ante el chantaje político de la Central Obrera Boliviana (COB), sino que ejerza el principio de autoridad para restaurar el orden vial.
Asimismo, el manifiesto alerta de manera formal sobre la existencia de una “amenaza latente de un golpe de Estado” de carácter civil-sindical. Por este motivo, el movimiento instó al Órgano Ejecutivo a hacer uso de todas las herramientas coercitivas y legales que posee, incluyendo el recientemente flexibilizado Estado de Excepción sectorizado y la ley antibloqueo, para neutralizar a los grupos que calificaron de «sediciosos y terroristas».
Paralelamente, la resolución final apuntó directo contra el resguardo civil que las federaciones del Chapare sostienen en el Trópico de Cochabamba. El bloque cívico nacional exigió a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Boliviana y al Ministerio de Gobierno el cumplimiento civil y militar inmediato del mandamiento de aprehensión dictado contra el expresidente Evo Morales Ayma por el caso de trata y tráfico de personas. La dirigencia cruceña sentenció que la impunidad extendida sobre el exmandatario constituye un ataque directo al Estado de derecho, demandando que la ley penal se aplique con rigurosidad técnica y desprovista de cálculos electorales para pacificar el territorio.
