En el imaginario clásico, Saturno —equivalente al Cronos griego— es representado devorando a uno de sus propios hijos por temor a ser destronado, una imagen que condensa de forma poderosa la locura del poder, el paso del tiempo y la inestabilidad política; pero también simboliza el dominio absoluto que, al carecer de límites, puede volverse destructivo incluso contra aquello que debería proteger. Esta metáfora resulta particularmente sugerente para interpretar el escenario político boliviano contemporáneo, marcado por una profunda crisis de representación y por la disputa entre élites que, desde distintas posiciones ideológicas, reproducen lógicas similares de acumulación y control. En este contexto, caracterizado por la tensión entre una derecha liberal crecientemente cuestionada y una ultraderecha en ascenso, emerge el riesgo de configurar una forma de poder que, como ese Saturno simbólico, termine devorando a su propio pueblo en nombre del orden, el progreso o la salvación nacional.El escenario político boliviano contemporáneo se caracteriza por una profunda crisis de representación, marcada por la tensión entre una derecha liberal percibida como obsoleta y mentirosa, y una alternativa de ultraderecha en ascenso. En este contexto, figuras como Rodrigo Paz encarnan un modelo político cuestionado por su falta de credibilidad y por la percepción, extendida en amplios sectores de la población, de responder a intereses particulares o de contribuir a la acumulación de fortunas en beneficio de redes de poder vinculadas a su entorno. Esta trayectoria es interpretada, además, como una continuidad de prácticas asociadas a Jaime Paz Zamora, priorizando intereses sectoriales por encima del bien común.
Los ministros que acompañan estos vínculos con el poder evidencian que el actual aparato gubernamental está compuesto por actores que, en gran medida, representan intereses sectoriales. Provienen principalmente de los ámbitos empresarial, industrial y extractivo, incluyendo el agronegocio, las cooperativas auríferas y espacios vinculados a las cámaras bolivianas de hidrocarburos, que históricamente han articulado relaciones con empresas transnacionales como Cronenbol y Akly. Asimismo, se identifican perfiles provenientes del ámbito financiero y crediticio, particularmente de organizaciones orientadas al microcrédito —como Pro Mujer— cuyas representantes han transitado hacia funciones públicas, incluso en áreas sensibles como la educación.
Asimismo, dentro del entorno político vinculado a Rodrigo Paz, se identifican perfiles como José Luis Lupo, agente asociado al ámbito técnico de la cooperación internacional, así como la figura del canciller, cuya actuación de lustra botas de la cooperación. En este marco, se advierte una fuerte influencia de organismos internacionales y entidades financieras multilaterales —como la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— en la definición de las políticas económicas. Esta relación refuerza la percepción de una subordinación a agendas externas, en detrimento de la construcción de un proyecto nacional orientado al bienestar colectivo.
Este origen sociopolítico de las élites gubernamentales plantea interrogantes sobre la orientación de las políticas públicas. En particular, se cuestiona si dichas autoridades representan efectivamente a los sectores mayoritarios de la población, aquellos que carecen de acceso a grandes extensiones de tierra, concesiones mineras o vínculos con el agronegocio y las estructuras corporativas.
Sin embargo, en esta coyuntura, la crítica al oficialismo no implica necesariamente la existencia de una alternativa favorable en la oposición. La figura de Jorge Quiroga (Tuto Quiroga) emerge como representante de una ultraderecha que, si bien podría diferenciarse por un enfoque más técnico y menos improvisado que el atribuido a actores como Samuel Doria Medina (Kencha), señalado además como socio político de Rodrigo Paz, también se percibe como portadora de medidas más radicales en términos de ajuste económico. En este sentido, a Tuto Quiroga se lo asocia con una agenda de cambios más profundos en materia económica. Este escenario anticipa la implementación de políticas de mayor austeridad, con impactos directos sobre las condiciones de vida de la población.
En este marco, se consolida una inversión del principio fundamental del Estado social: en lugar de generar bienestar para el pueblo, se instala la lógica de que la ciudadanía debe sostener al Estado. Casos como el de la empresa estatal Entel, donde se denuncian incrementos salariales significativos en los niveles gerenciales —de 30.000 a 60.000 bolivianos—, refuerzan la percepción de desigualdad y falta de rendición de cuentas.
Esta dinámica puede interpretarse simbólicamente a través de la obra Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya, que representa a un poder consumido por el miedo a su propia pérdida, capaz de destruir aquello que debería proteger. En este sentido, la metáfora sugiere un Estado que, en lugar de resguardar a su población, termina devorándola mediante políticas que profundizan la precariedad.
Por otro lado, la izquierda boliviana atraviesa también una crisis significativa. La figura de Evo Morales, anteriormente asociada con la defensa del poder popular, es ahora objeto de cuestionamientos en torno a posibles acuerdos implícitos para evitar procesos judiciales. En este marco, emerge una crítica más profunda: ¿dónde está hoy ese grito del pueblo que históricamente sostuvo a la izquierda?
La referencia simbólica al “amante de Eva y el poder” —entendida como la tentación de alcanzar conocimiento y dominio absoluto mediante la transgresión— permite interpretar este proceso como una deriva en la que el liderazgo, cegado por el poder, habría contribuido a generar las condiciones para el ascenso de una nueva derecha, encarnada en Rodrigo Paz.
Asimismo, sectores que en su momento reivindicaron la soberanía popular son señalados por haber incurrido en prácticas de traición política desde instancias como la Asamblea Plurinacional, alejándose de los principios que originalmente decían representar.
La institucionalidad judicial, por su parte, es percibida como altamente cuestionada y, según diversas críticas, alineada con estructuras de poder vinculadas a Rodrigo Paz. En este contexto, se denuncian casos de presunto daño al Estado que permanecen sin esclarecimiento. Entre ellos, se menciona el episodio de la denominada “gasolina basura”, que habría afectado a cientos de miles de vehículos y generado pérdidas económicas significativas para el país, sin que se hayan identificado responsables de manera concluyente.
De igual forma, se señalan casos como el de las “32 maletas” presuntamente vinculadas al narcotráfico, cuya resolución tampoco ha derivado en sanciones claras. A ello se suma la habilitación electoral de candidatos como Luis Revilla, quien, pese a enfrentar múltiples procesos judiciales —incluso más de 270—, logra participar en contiendas electorales.
Paralelamente, se reportan prácticas como la cooptación de partidos políticos y la obtención de victorias en condiciones cuestionadas, donde incluso los votos blancos llegan a superar el caudal efectivo de apoyo de determinados candidatos, lo que profundiza la percepción de una institucionalidad debilitada y funcional a intereses particulares.
En este contexto, surge una preocupación central: la ausencia de liderazgos intelectuales y políticos capaces de articular una respuesta coherente frente a la crisis. El vacío de representación deja al pueblo expuesto a dinámicas de poder caracterizadas por la impunidad, la corrupción y la captura institucional. Denuncias sobre el manejo irregular de recursos —incluyendo casos de dinero vinculado a redes ilícitas— refuerzan la percepción de una justicia selectiva, funcional a intereses específicos.
Finalmente, al proyectar el escenario político hacia el futuro, resulta particularmente inquietante que la alternativa con mayor capacidad de articulación dentro de la oposición no sea una opción progresista o popular, sino una corriente de ultraderecha. Esta tendencia plantea el riesgo de una profundización de las desigualdades y de una gestión del poder orientada a la explotación de los recursos nacionales en beneficio de intereses concentrados, en detrimento del conjunto de la sociedad boliviana.
Hacia adelante, esta situación permite advertir que la fuerza mejor posicionada dentro de la oposición no corresponde a una izquierda renovada, sino a una ultraderecha que aspira a consolidar un control hegemónico del poder. En términos simbólicos, dicha proyección remite a la figura de un “Saturno” que devora a sus propios hijos, es decir, a la población misma, en escenarios marcados por la perversión del poder y la apropiación de la riqueza colectiva que pertenece a todos los bolivianos.
Martín Moreira
Forma Parte de la Red Boliviana de Economía Política
