Por primera vez, Evo Morales no puede dormir pensando, aterrado, en que puede terminar sus días en una cárcel federal de Estados Unidos tras haber cogobernado con el crimen organizado, ser el proveedor de la codiciada mercancía para el tráfico internacional de drogas y, por supuesto, haber ganado millones de dólares. Se encuentra rodeado por un equipo de seguridad armado y bien entrenado, además de un escudo humano compuesto por miles de seguidores, pero no consiguen protegerlo de las pesadillas en el trópico.
No es el único. En el pequeño espacio que alquila en el penal de San Pedro de La Paz, Luis Arce comparte la misma preocupación. Sabe que, de abrirse una causa judicial en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado, como puede suceder con su exjefe, podría ser expulsado o extraditado para enfrentar a la justicia gringa y cumplir una dura condena en el país cuya actual administración está en guerra contra el narcoterrorismo.
Ambos aproximaron al país a la noción de la “mafiocracia”, un fenómeno explicado por la senadora mexicana Lilly Téllez como un sistema en el que el crimen organizado deja de ser un actor externo al Estado y pasa a convertirse en parte del poder político mediante la penetración de instituciones, financiamiento de redes políticas, captura de organismos de control y protección estatal a cambio de lealtades, dinero sucio a raudales y capacidad de coerción e intimidación.
Por lo que se sabe hasta ahora, Bolivia no llegó aún al extremo mexicano de control territorial armado por parte de los cárteles, pero los dos expresidentes pusieron al país muy cerca de ese tenebroso escenario. En los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) se consolidó la degradación institucional compatible con los rasgos de la mafiocracia: protección política, impunidad estructural, captura de los organismos de lucha antidrogas y normalización de las economías criminales.
Basta recordar el caso de Maximiliano Dávila, último jefe antidrogas de Morales, y el escándalo de Sebastián Marset, el rey del narcotráfico que operaba desde Bolivia para el mundo con Arce en la presidencia.
Dávila fue finalmente extraditado y condenado a 25 años de prisión en Nueva York y Marset llegó a una cárcel de Virginia tras ser capturado y expulsado por Bolivia, en una operación dirigida por la DEA. Hoy negocia confesar con quiénes realizó narconegocios y quiénes lo protegieron desde niveles estatales, todo a cambio de una pena menor y formar parte del programa de testigos protegidos fuera de la cárcel.
La experiencia latinoamericana demuestra que cuando las mafias capturan la estatalidad, después resulta extremadamente difícil revertir el proceso. Venezuela, México, Colombia y Ecuador muestran cómo el crimen organizado evoluciona desde las redes de corrupción hacia los poderes territoriales armados. En Bolivia, aún estamos a tiempo de evitar el punto de no retorno, pero para hacerlo es necesario que el Estado reconozca la profundidad y peligrosidad del problema.
El exdictador venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa y socia, ya están en manos de una corte de Nueva York, y su testaferro Álex Saab enfrenta a la justicia en Miami. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador, será extraditado a Estados Unidos en cualquier momento. El capo ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, fue extraditado el año pasado y espera su sentencia en el país del norte.
Raúl Castro ha sido imputado por siete delitos relacionados con la death de cuatro estadounidenses en 1996 y ahora es requerido por la justicia imperialista. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista del gobierno español, aparece involucrado en una trama corrupta que incluye a Saab y Delcy Rodríguez. Gustavo Petro abrió el paraguas antes de dejar el poder el 7 de agosto denunciando, apoyando y victimizando a su amigo Morales, lo mismo que Claudia Sheinbaum, la acorralada presidenta de México.
Morales y Arce están conscientes de que pueden ser los próximos en la lista de extraditables. Por eso la inocultable desesperación del caudillo y el mantenimiento por casi un mes de bloqueos criminales para salvar el pellejo y que sean la tumba política de Rodrigo Paz, quien paradójicamente se echa tierra con fallidos operativos de desbloqueo. Arce, jefe de un clan familiar corrupto, en la perspectiva de recobrar su libertad cuanto antes en Bolivia, estaría financiando las protestas de mayo con la esperanza de que un cambio de gobierno sea la llave para salir de la cárcel.
Y es que la mafiocracia tiene otra característica central: cuando se siente amenazada, intenta desestabilizar al propio poder que ayudó a construir. Dicho de otra forma, el mismo entramado político-criminal que durante décadas garantizó protección al narcotráfico y otras actividades ilícitas más rentables como la minería ilegal comenzó a fracturarse desde adentro. La ruptura entre el evismo y el arcismo no se reduce a una disputa político-electoral; fue una pugna por el control de las redes territoriales, aparatos sindicales, economías ilegales y la obtención de ganancias multimillonarias.
La imposibilidad material del Estado boliviano para ejecutar órdenes de aprehensión contra Morales y la inoperancia del Ministerio Público para realizar investigaciones profundas en los casos que rodean a Arce lo están beneficiando con impunidad y están dando paso a una fase inquietante de la colusión entre política y crimen organizado: la autonomía absoluta de esas estructuras irregulares con capacidad de financiamiento, movilización, intimidación y penetración institucional.
Por tanto, la pregunta de fondo ya no es si existe penetración criminal en el Estado boliviano. La verdadera pregunta es cuán profunda es esa penetración y si las instituciones nacionales todavía tienen voluntad y capacidad de revertirla. La primera respuesta apunta a que Bolivia no posee condiciones internas para juzgar de manera independiente, transparente y justa a quienes forman parte de las estructuras de poder político-criminal.
Por eso, ha ido creciendo la percepción ciudadana de que solamente la justicia internacional –particularmente la estadounidense– tiene la capacidad operativa para investigar y castigar a las mafias criminales instaladas en el país y frenar la protección estatal. Lo ocurrido con Dávila alimentó precisamente esa sensación: que Washington termina haciendo lo que la justicia boliviana no puede o no quiere hacer.
Está claro que Morales y Arce fueron los alfiles de la mafiocracia que apunta a echar raíces en el país. Permitieron la degradación de la institucionalidad boliviana ante las mafias internacionales y deben pagar por ello. Pero, cuando una sociedad pierde la confianza en sus fiscales, jueces, policías y tribunales, comienza a mirar hacia cortes extranjeras como última esperanza de justicia porque la mafiocracia no solamente corrompe el Estado para gozar de impunidad, destruye la fe ciudadana en la posibilidad de que se haga justicia internamente.
Morales y Arce pueden acabar en una corte de Nueva York compartiendo no solamente una pesadilla, sino un mismo destino después de haber sido piezas clave de las mafias criminales más poderosas de la región.
Edwin Cacho Herrera Salinas
es periodista y analista.
