El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, Óscar Chavarría, exigió la tarde de este martes al Gobierno la aplicación inmediata de un Estado de Excepción constitucional para viabilizar el desbloqueo de las carreteras matrices del país.
Además, en declaraciones difundidas por la red ERBOL, la máxima autoridad del cooperativismo potosino desconoció de forma pública la legitimidad de los principales dirigentes obreros del conflicto, afirmando que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, no representan al pueblo boliviano, por lo que conminó a ambos líderes a presentar su renuncia irrevocable.
“Le pido al Gobierno que aplique la ley, que aplique principalmente la ley de excepción, así lo dice la Constitución Política del Estado, porque no todo el pueblo boliviano está de acuerdo con las decisiones que está tomando la COB”, afirmó Chavarría con vehemencia, sumándose al coro de voces que exigen el uso legítimo de la fuerza pública para restituir las garantías fundamentales de libre transitabilidad.
El dirigente potosino no ahorró epítetos al calificar a Argollo y Paye como “incapaces” y “agitadores”, responsabilizándolos penal y políticamente por la creciente polarización interna y el descalabro logístico generalizado que experimenta el territorio. “Para nosotros estos señores no representan al pueblo boliviano. No sé si existirá realmente una COB. (…) Así es, renunciar, son unos incapaces. En vez de unificar a Bolivia, lo están dividiendo”, aseveró.
La determinación del sector fue adoptada de forma unánime tras una masiva reunión de emergencia que congregó a los representantes de más de 160 cooperativas mineras afiliadas a la federación departamental. En dicha magna cita, el bloque productivo resolvió otorgar un plazo perentorio de 48 horas a la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira para resolver de forma definitiva el conflicto caminero y liberar los accesos vehiculares; advirtiendo de forma taxativa que, en caso de no registrarse una solución gubernamental en el plazo establecido, el cooperativismo potosino asumirá nuevas e drásticas determinaciones colectivas en las calles.
Chavarría fundamentó la urgencia de la conminatoria revelando que el paro indefinido y los bloqueos en las rutas ya están provocando millonarias pérdidas que superan los 130 millones de dólares en conceptos de exportaciones paralizadas y captación de regalías mineras directas en beneficio del departamento de Potosí.
A diferencia del pliego destituyente enarbolado por las facciones radicales del evismo y la COB, Chavarría aclararó que las cooperativas mineras potosinas no persiguen de ninguna manera la caída o el derrocamiento del actual Gobierno constitucional, respaldando formalmente la apertura de canales de diálogo técnico para desactivar las fricciones. Sin embargo, insistió en que las carreteras fundamentales del occidente y el oriente deben ser despejadas de forma inmediata por el Estado, argumentando que el estrangulamiento de las rutas no solo impide el ingreso humanitario de medicamentos y víveres de primera necesidad para los centros urbanos, sino que mantiene bloqueada la llegada de insumos técnicos, herramientas y materiales esenciales para sostener la producción minera diaria en los yacimientos de la región.
