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Fiscalía investiga a Luis Arce por cinco delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica

Arce es investigado por varios delitos, incluyendo favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó hoy que la detención del expresidente Luis Arce Catacora se produjo en cumplimento de la orden directa del presidente Rodrigo Paz Pereira, que pidió intensificar la lucha contra la corrupción. Oviedo reveló que el perjuicio económico en el caso Fondo Indígena, por el cual se procesa a Arce, asciende a Bs 360 millones solo en este proceso, con proyecciones de que el daño total supere los 700 millones de dólares.

El ministro enfatizó que Arce fue arrestado por su participación en el directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc) durante su gestión como ministro de Economía de Evo Morales. Por lo tanto, será procesado por la justicia ordinaria y no gozará de juicio de responsabilidades.

“La orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz. No vamos a parar hasta dar con todos los autores del descalabro económico que vive el país”, remarcó Oviedo en conferencia de prensa.

Oviedo detalló que Arce es investigado por varios delitos, incluyendo favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Según el ministro, Arce habría autorizado transferencias irregulares de grandes cantidades de dinero a cuentas particulares, además de la aprobación de proyectos “fantasmas o ejecutados a medias” que habrían drenado recursos del Fondioc.

“Se autorizó el traspaso de grandes cantidades de dinero a cuentas particulares y se aprobaron proyectos fantasmas. Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos”, sentenció el ministro.

Oviedo reiteró que la aprehensión del expresidente es el primer paso de un proceso más amplio que buscará sancionar a los miembros del directorio que aprobaron estos proyectos y a los beneficiarios directos de los recursos malversados.