El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró este miércoles que la aplicación de un eventual Estado de Excepción se encuentra sujeta a un riguroso análisis técnico de «oportunidad y necesidad». Minutos antes de ingresar a la mesa de concertación convocada en las instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, la autoridad política enfatizó que el país cuenta con un «gobierno responsable» que no actuará bajo impulsos, sino ejecutando las prerrogativas constitucionales de forma estratégica a su debido tiempo.
Las declaraciones de Lupo se dan inmediatamente después de que el Órgano Ejecutivo promulgara la ley que viabiliza el uso directo del estamento militar para intervenir en la parálisis civil que golpea al territorio nacional.
El titular de la cartera de la Presidencia salió al paso de las demandas emitidas por diversas plataformas institucionales, entre ellas el Comité pro Santa Cruz, bloque que exige de manera perentoria la declaratoria de un Estado de Excepción regionalizado o sectorizado con el fin único de emplear la fuerza militar para despejar de forma definitiva los bloqueos de carreteras que estrangulan el abastecimiento productivo desde hace casi un mes.
“El estado de excepción es un instrumento más que la Constitución contempla y el gobierno garantiza la plena vigencia de la Constitución en todo momento. Por tanto, es un instrumento más que será evaluado según la oportunidad y la necesidad”, precisó Lupo.
En el marco normativo vigente, la Constitución Política del Estado faculta de forma directa al Presidente a decretar la excepción constitucional en la totalidad o en zonas focalizadas del territorio nacional donde la seguridad interna se encuentre comprometida. Sin embargo, la Carta Magna impone como contrapeso que cualquier decreto de esta naturaleza deba ser remitido y formalmente ratificado por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su declaración oficial.
La viabilidad fáctica de esta medida excepcional quedó plenamente saneada en los últimos días tras la decisión del Parlamento de abrogar la ley restrictiva sancionada en octubre de 2020, la cual supeditaba la acción militar a un rebase previo de los contingentes de la Policía Boliviana.
