Estableciendo un límite jurisprudencial a la asfixia logística que sufre el país, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió la Resolución Constitucional 149/2026. Mediante este fallo vinculante, derivado de la concesión de una Acción Popular, los vocales constitucionales ordenaron la apertura inmediata de corredores humanitarios y determinaron formalmente que el “bloqueo absoluto de caminos” no se encuentra protegido por el derecho a la protesta social.
Asimismo, la Justicia advirtió que el estrangulamiento prolongado y violento de vías estratégicas que restrinja el acceso a la salud, el oxígeno clínico y la alimentación activa responsabilidades penales inmediatas contra los instigadores.
La resolución judicial se da a conocer precisamente cuando la extrema medida de presión, promovida por facciones sindicales, ingresa a su cuarta semana consecutiva, provocando un desabastecimiento crítico de insumos hospitalarios, carburantes y productos de la canasta familiar.
El dictamen del tribunal paceño tipifica que el derecho a la manifestación civil queda anulado desde el momento en que se atenta contra las actividades esenciales de terceros. “El bloqueo absoluto entendido como cierre total no se encuentra protegido cuando impide la circulación de ambulancias, medicamentos, abastecimiento de mercados o el transporte de pacientes”, señala el documento. A la par del despeje de rutas, los vocales conminaron al Estado a establecer y documentar de forma obligatoria mesas de diálogo para zanjar el conflicto.
La contundencia del dictamen judicial contrasta con la persistencia de focos de alta beligerancia civil en el eje central. Durante las primeras horas de este martes, piquetes radicales volvieron a sitiar el acceso principal al Aeropuerto Internacional El Alto, impidiendo temporalmente el tránsito de pasajeros y colapsando el flujo de encomiendas aéreas bajo la consigna de exigir la renuncia del Jefe de Estado.
aDe igual manera, la tensión se trasladó a las carreteras del valle, donde contingentes antimotines de la Policía Boliviana sostuvieron violentos enfrentamientos contra comunarios en la localidad de Parotani (Cochabamba), logrando reabrir el paso de forma temporal tras retirar toneladas de escombros, piedras y promontorios de tierra con maquinaria pesada.
