Un juez, un fiscal y dos efectivos policiales fueron liberados tras permanecer retenidos, agredidos y sometidos al cepo por pobladores del municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz.
La violencia se desató cuando las fuerzas de seguridad intentaron ejecutar un mandamiento de aprehensión contra un comunario investigado por el asesinato de un ciudadano ruso ocurrido en 2022, lo que desencadenó el rechazo de los vecinos, destrozos en oficinas públicas y la toma de los funcionarios.
El conflicto comenzó al mediodía de este martes, cuando un contingente policial llegó a Ixiamas con la instrucción de trasladar al sospechoso hacia la localidad de San Buenaventura.
El operativo fue resistido por familiares y pobladores que intentaron impedir la detención. En respuesta, la Policía utilizó agentes químicos para dispersar la protesta, dejando a varias personas afectadas por la gasificación y desatando un amotinamiento que culminó con el asalto a las dependencias judiciales y daños materiales de consideración en la infraestructura estatal.
Durante los disturbios, la turba retuvo por la fuerza al juez de la causa, al representante del Ministerio Público y a dos uniformados (un hombre y una mujer), trasladándolos a la plaza principal para someterlos al cepo, un instrumento tradicional de inmovilización del pueblo Tacana.
El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, denunció oportunamente que los funcionarios fueron sacados violentamente de sus oficinas, recibiendo golpes y vejámenes que quedaron registrados en audios y vídeos compartidos por los mismos comunarios. Tras varias horas de negociación e intervención de actores locales que instaron a la reflexión, los cuatro rehenes fueron liberados y trasladados para recibir atención médica.
