Rompiendo de forma violenta la aparente tregua de las primeras horas, las columnas de manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones de campesinos intentaron ingresar por la fuerza a la Plaza Murillo, desatando intensos enfrentamientos en el centro de La Paz. Los manifestantes, que descendieron masivamente desde La Ceja de El Alto, atacaron con detonaciones de explosivos y objetos contundentes el perímetro de seguridad del Palacio de Gobierno.
La Policía Boliviana respondió con una masiva descarga de gases lacrimógenos para dispersar la arremetida, haciendo retroceder las líneas movilizadas hacia las avenidas adyacentes. El estallido de violencia urbana coincidió con un cerco al Aeropuerto Internacional El Alto ejecutado por vecinos del Distrito 7, agravando la asfixia logística de la sede de Gobierno.
Pese a las promesas iniciales de los dirigentes sindicales, quienes aseguraron por la mañana que se trataría de una marcha pacífica, la movilización repitió el libreto de hostilidad del «lunes negro».
Los efectivos de la Unidad de Tácticas Policiales (UTOP) recurrieron a agentes químicos para contener el avance de la turba sobre el kilometraje cero, extendiendo las escaramuzas por el eje troncal paceño. Al mismo tiempo, en la urbe alteña, el bloqueo en las vías de acceso a la terminal aérea internacional obligó a centenares de pasajeros nacionales y extranjeros a caminar varios kilómetros cargando su equipaje sobre el asfalto para evitar la pérdida de sus vuelos, interrumpiendo el último canal de vinculación seguro que le quedaba al departamento.
La radicalización de la base movilizada cerró cualquier posibilidad de entendimiento institucional con el Palacio Quemado. Ante un nuevo llamado del presidente Rodrigo Paz en redes sociales, donde invitó a superar las divisiones históricas bajo la premisa de que «la Patria está por encima de toda ideología», las dirigencias sectoriales ratificaron que la única salida aceptable es la dimisión del Mandatario. El malestar se profundizó debido a las declaraciones del propio gobernante, quien en la víspera tipificó como «vándalos» a los responsables de los destrozos. «No hay sinceridad en el pedido. El mismo Gobierno ha fregado el diálogo», sentenció Severo Marca, secretario de Justicia de la Federación de Campesinos, justificando el repliegue de los mediadores.
La nueva jornada de disturbios se produce horas después de que el ejecutivo cobista, Mario Argollo, emitiera un encendido discurso desde la clandestinidad en el que tildó de provocación el reordenamiento del gabinete ministerial. La crisis ha adquirido un cariz de seguridad nacional tras el preocupante comunicado emitido por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, las cuales denunciaron la identificación de «grupos irregulares» portando armamento bélico de alto calibre en áreas rurales y provinciales.
El incremento de la violencia en las calles ocurre en la antesala del cumplimiento del ultimátum del Comité pro Santa Cruz, cuyo líder, Stello Cochamanidis, advirtió que si el Gobierno no militariza las rutas y levanta los bloqueos hasta el domingo, las brigadas ciudadanas orientales iniciarán un desbloqueo por cuenta propia.
