La expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, rechazó las declaraciones del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. Mediante un pronunciamiento público la exautoridad descalificó las afirmaciones de Espinoza, y lo acusó de intentar tergiversar sus requerimientos administrativos ante la opinión pública para presentarlos maliciosamente como si se tratara de la solicitud de un privilegio político o un pago indebido.
Áñez fundamentó su reclamo señalando que el marco normativo boliviano vigente reconoce el derecho a una renta vitalicia para los ciudadanos que hayan ejercido la presidencia del país. Además, indicó que durante años tramitó formalmente ante los estamentos gubernamentales las certificaciones administrativas necesarias para consolidar el cobro de dicho beneficio. Sin embargo, denunció que los documentos de rigor le fueron sistemáticamente denegados o retenidos por razones políticas.
Tras calificar su encierro de casi cinco años como una medida injusta y arbitraria, la exautoridad enfatizó que su demanda actual no constituye la búsqueda de un trato especial o un aliciente adicional, sino la regularización técnica de un derecho adquirido.
“Quiero aclarar que lo que estoy solicitando no es un beneficio adicional ni un trato especial. Lo que estoy reclamando es el pago retroactivo correspondiente a los 5 años en que ese derecho me fue negado”, puntualizó la exgobernante.
Además, manifestó que el propio Gobierno central ya ha validado formalmente la existencia y viabilidad del beneficio extraordinario, por lo que la controversia jurídica no radica en la legalidad del bono, sino en determinar si el Estado puede eximirse de pagar los montos devengados cuando la propia administración pública impidió materialmente el ejercicio pleno de las garantías de la beneficiaria.
“¿Debe una persona perder años de un derecho que le corresponde porque el Estado le impidió ejercerlo? Yo sostengo que no. Nadie debería ser perjudicado por decisiones u omisiones de la propia administración pública”, interpeló Áñez desde su posición legal. En la parte final de su alegato de defensa, Áñez insistió en que su apoderado legal mantendrá las acciones correspondientes hasta que se reconozcan de forma íntegra los desembolsos correspondientes a su investidura interina, exhortando a los tribunales fiscales a actuar con estricta equidad y apego al principio de retroactividad favorable.
