Tras una extensa audiencia de medidas cautelares realizada el fin de semana, el juez determinó la detención preventiva de cuatro exfuncionarios de la Aduana, en los penales de San Pedro (varones) y Obrajes (mujeres). El capitán Fabio Gonzales, de la FELCC, confirmó que mientras se ejecutan estas detenciones, la Policía Boliviana ha activado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo, contra quien se emitió una orden de aprehensión tras desatender las notificaciones oficiales para declarar por el presunto sobreprecio de un escáner en la frontera con Chile.
Las investigaciones apuntan a una red de corrupción que operó entre las gestiones 2024 y 2025, manipulando documentos de contratación y alterando especificaciones técnicas para favorecer la compra de un escáner destinado al punto fronterizo de Tambo Quemado. El oficial Gonzales detalló que, además de los cuatro remitidos a prisión, otras dos personas recibieron detención domiciliaria en Tarija.
El núcleo del caso gira en torno a un posible sobreprecio de 25 millones de bolivianos, así como irregularidades en la marca del producto y la falsificación de fechas de entrega, lo que compromete gravemente la transparencia de los procesos de fiscalización aduanera de la gestión anterior.
La situación jurídica de Karina Serrudo se complicó al no presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público. Ante su incomparecencia, las autoridades han instruido su captura inmediata para que responda por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Los operativos policiales se han extendido a diversos departamentos, mientras se revisan otros contratos similares que habrían seguido el mismo patrón de irregularidad bajo su mandato. Este caso se ha convertido en una prioridad para la oficina anticorrupción, que busca recuperar los fondos estatales desviados mediante estas adquisiciones infladas.
Con la orden de captura contra Serrudo ya circulando en las terminales de buses y aeropuertos, la Policía espera resultados en las próximas horas. La defensa de los ahora detenidos ha calificado el proceso como una «persecución política», pero la Fiscalía sostiene que las pruebas documentales de la manipulación de contratos son contundentes.
