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TSJ ordena a tribunales revisar plazos de detención de Áñez, Camacho y Pumari

La disposición fue emitida mediante el Instructivo N.º 18/2025, que establece que las autoridades jurisdiccionales deben realizar esta verificación de manera inmediata y, si corresponde, de oficio.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó este viernes a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) del país, revisar en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de los plazos procesales de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari.

La disposición fue emitida mediante el Instructivo N.º 18/2025, que establece que las autoridades jurisdiccionales deben realizar esta verificación de manera inmediata y, si corresponde, de oficio. Asimismo, dispone que cada presidente de los TDJ supervise el cumplimiento de la medida.

Situación de los procesados

Jeanine Áñez está recluida desde marzo de 2021 en el penal de Miraflores de La Paz, acusada de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Además, fue sentenciada a 10 años de cárcel en el caso denominado “Golpe de Estado II”.

Luis Fernando Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 en Santa Cruz y trasladado a La Paz, donde permanece en detención preventiva en el penal de Chonchocoro, dentro del proceso “Golpe de Estado I”.

Marco Antonio Pumari se encuentra detenido desde 2021 en el penal de Cantumarca, en Potosí, también por hechos relacionados con la crisis política de 2019.

Antecedentes

Los tres casos están vinculados a los sucesos de octubre y noviembre de 2019, en un proceso abierto tras la denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

El TSJ aclaró que la disposición no debe interpretarse como una intromisión en los procesos judiciales, sino como una medida orientada a garantizar la independencia de la justicia, el respeto a los plazos procesales y el debido proceso.

De acuerdo con analistas, la revisión podría derivar en decisiones judiciales que modifiquen la situación legal de los procesados, dependiendo de lo que determinen los jueces competentes.

(22-08-2025)