El Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz concedió este viernes la tutela de una acción de libertad en favor de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación Tupac Katari . Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional determinó dejar sin efecto de forma inmediata la orden de aprehensión penal que pesaba sobre ambos dirigentes por los delitos de terrorismo e instigación.
La resolución judicial se emite luego de que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, adelantara la predisposición del Órgano Ejecutivo de otorgar garantías plenas de inmunidad con el fin de destrabar el suspendido foro de pacificación
Los expedientes y procesos ordinarios abiertos por el Ministerio Público contra Argollo y la cúpula sindical se encuentran directamente vinculados a los graves hechos de violencia y vandalismo registrados durante las manifestaciones viales. Entre los antecedentes documentados por los investigadores figuran de forma principal los masivos disturbios del pasado 18 de mayo en el centro de la sede de Gobierno, jornada trágica que derivó en el saqueo de establecimientos comerciales, robos agravados a lustrabotas y vendedores ambulantes, además de destrozos de consideración en la infraestructura del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Pese a la gravedad de los daños patrimoniales, la COB y los Ponchos Rojos habían impuesto como condición innegociable el archivo de estas capturas para acceder a sentarse en las mesas de negociación.
Paralelamente al beneficio otorgado a los cabecillas, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos «Túpac Katari» mantiene la presión social exigiendo la liberación irrestricta de sus afiliados de base encarcelados. De acuerdo con los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, las refriegas en el departamento de La Paz han dejado un saldo de más de 300 personas aprehendidas, de las cuales solo el 10% fue formalmente encausado por la vía judicial ordinaria, permaneciendo el resto en situación de detención preventiva o celdas policiales.
Mientras las organizaciones sociales radicalizadas insisten en que la amnistía total de sus presos es un requisito para generar confianza con el Palacio Quemado, el discurso oficial del Gobierno central sostenía de forma previa que no se admitirían condicionamientos procesales.
En este complejo contexto de mediación política y judicial, agentes del Ministerio Público de La Paz mantuvieron reuniones de coordinación con miembros de la Cámara de Diputados, buscando alternativas legales urgentes para restablecer la libre circulación de vehículos cisternas y mitigar el desabastecimiento de alimentos de la canasta familiar que asfixia a la ciudad de La Paz.
En la misma jornada, las autoridades fiscales, haciendo referencia al fiscal general Roger Mariaca, fueron consultadas sobre el estatus legal del expresidente Evo Morales Ayma. Sobre este punto, la Fiscalía ratificó de forma tajante que el mandamiento de aprehensión contra el líder del Trópico de Cochabamba por el delito de trata y tráfico de personas permanece plenamente vigente. “Está en manos de la Policía Boliviana. Esto se tiene que ejecutar”, sentenció la jefatura fiscal.
