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Edgar Montaño permanecerá tras las rejas: Fiscalía emitió nueva orden de aprehensión en su contra

La exautoridad del gobierno de Luis Arce estaba por abandonar el penal de San Pedro tras obtener detención domiciliaria, pero una nueva denuncia de la ABC por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado obliga su permanencia en custodia.

El Ministerio Público emitió este martes una nueva orden de aprehensión contra el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. La medida se ejecutó en el marco del caso denominado «El Sillar», una investigación iniciada a denuncia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Montaño, quien se encontraba a punto de salir del penal de San Pedro para cumplir detención domiciliaria otorgada por una Sala Penal, deberá permanecer bajo custodia para enfrentar esta nueva imputación formal que surge tras tres meses de reclusión preventiva por una causa paralela.

La orden fue suscrita por el fiscal de materia Edwin Omar Colque Gonzales, en coordinación con el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción. Según el documento oficial, la investigación identifica presuntas irregularidades técnicas y financieras en la gestión del tramo carretero El Sillar, una de las obras con mayores observaciones por fallas estructurales en los últimos años.

El Ministerio Público prevé emitir la imputación formal en las próximas horas y solicitar nuevas medidas cautelares ante un juez, lo que anula de facto la libertad condicional que Montaño había conseguido recientemente.

Hasta la fecha, Montaño cumplía una detención preventiva de cuatro meses en La Paz por un proceso anterior vinculado a similares tipos penales. Su defensa legal calificó la medida de «persecución», argumentando que la nueva orden se emitió estratégicamente para evitar su salida de prisión.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que los indicios presentados por la ABC son suficientes para abrir una nueva etapa procesal que determine el grado de responsabilidad de la exautoridad en el daño económico ocasionado al patrimonio estatal por la deficiente ejecución de contratos viales.

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